En medio de la batahola que mantiene con buena parte del Poder Judicial en procura de defenderse de las investigaciones que merodean el origen de sus inexplicables fortunas, el Kirchnerismo extremo jugó esta semana una carta pesada que revela la falta de límites a la hora de jugar.La divulgación de las cuentas argentinas del HSBC en Suiza, a través del diario Página/12, sin distinguir entre aquellos que tienen o no declarados los fondos, o para decir mejor, entre aquellos que obran licita o ilícitamente, desnuda el nivel de violencia institucional que baja a la sociedad en el afán de defender lo obtenido.
Tener una cuenta en el extranjero no es un delito. Tampoco es delito ser rico. Salvo que esas riquezas sean la consecuencia de un accionar ilegal, o como en el caso de las sospechas sobre Lázaro Baez y la familia presidencial, de una extracción irregular del erario público.
La divulgación dio detalles de cuentas de empresarios honestos que, en su momento y a requerimiento de la propia AFIP, explicaron el origen de esos fondos y cumplieron con todos los requerimientos que les habían solicitado desde la pesquisa tributaria. Sin embargo, las publicaron. Y sometieron a sus titulares a una situación de exposición pública injusta y peligrosa.
No es gracioso que en una sociedad marcada por la violencia se ventilen números de los ahorros de los particulares. Mucho menos, si esos ahorros son la consecuencia del trabajo, de la inversión y, en algunos casos, de la contribución a la sociedad de miles de puestos de trabajo. Eso es un derecho constitucional del ahorrista y le traerá al Estado un fuerte dolor de cabeza cuando llegue la hora de explicar la publicación de esos datos.
Esta idea adolescente de marcar como enemigos a “los que tienen”, mientras ellos tienen mucho más sin poder explicarlo, habla de un giro esquizofrénico del Gobierno: “Los ricos son delincuentes per se, salvo que los ricos seamos nosotros”.
O la más increíble de las paradojas: “Te trato como a un delincuente si tenés una cuenta (incluso declarada) en Suiza, pero te protejo si traes la plata al país (incluso la no declarada y la proveniente del delito) bajo el amparo de la Ley de Blanqueo”.
La caza de brujas desatada sobre el corrupto juez Bonadío resulta patética: Persiguen al multiacusado magistrado porque ordenó un allanamiento a una empresa de la Presidenta (que dicho sea de paso, no debería tener negocios en marcha mientras ocupa la Jefatura de Estado), pero decían del mismo personaje, hace apenas dos años, que “era transparente e independiente” aunque por entonces ya acumulaba siete acusaciones por graves irregularidades en sus funciones.
El mensaje es que “un juez es bueno si nos defiende, pero si nos acusa es el peor y vamos por su cabeza”, sin que en el medio ocurra nada objetivo que les permita girar en el concepto.
No es normal que una República dirima la honestidad o la deshonestidad de un juez de acuerdo a los intereses que toca. Bonadío debió ser separado hace cinco años de su cargo, no ahora, cuando investiga al Gobierno.
De ese modo, se entró en un territorio peligroso de violencia institucionalizada. Se utilizan las herramientas estatales para defender intereses de particulares. La Presidenta y sus cuentas bancarias no debieran ser ventiladas si ella no concurriera en la falta ética de hacer negocios mientras ejerce la función pública.
Los particulares, cuando somos demandados para dar explicaciones -cómo los ahorristas en Suiza- llamamos a un abogado para que nos defienda si hace falta. La Presidenta elige usar diputados, secretarios de justicia, miembros del Concejo de la Magistratura, o barrabravas financiados para impedir que las acusaciones lleguen a puerto.
La esquizofrenia del Kirchnerismo quedó patente la semana pasada cuando uno de sus tótems culturales, Ignacio Copani, declaró: “Yo estoy con este Gobierno porque odio a los tipos que andan con autos importados y vidrios polarizados. Odio a los que tienen chofer y guardaespaldas”. Curioso. Copani no se detuvo a pensar que estaba describiendo en detalle a cada uno de los principales referentes de esta gestión nacional. Ningún funcionario camina por la calle, todos se trasladan de la forma en la que el “trovador desafinante” odia que se trasladen. Pero está con ellos.
A más de un año del final de la gestión, el Gobierno elige caminos de violencia y agudización de los conflictos desde las propias estructuras del Estado, en lugar de promover caminos de serenidad. En una sociedad que, precisamente y por un montón de razones vinculadas a las propias políticas del Gobierno nacional (inflación, caída del empleo, inseguridad), ha perdido la calma.