El funcionario asegura que su gestión en Aerolíneas Argentinas fue “transparente”; es la primera vez durante el kirchnerismo que un juez cita a un ministro en funciones a prestar declaración como sospechoso de un delito.

Luego de que el juez federal Marcelo Martinez De Giorgi citara a declaración indagatoria al ministro de Justicia Julio Alak por supuesto “incumplimiento de deberes de funcionario publico” durante su gestión como funcionario en el directorio de Aerolíneas Argentinas en 2008, el funcionario dijo desconocer completamente la causa y aseguró que su rol en la empresa fue “transparente”.

“No conozco absolutamente nada de la causa mencionada”, expresó el funcionario mediante un comunicado. Es la primera vez, durante la era kirchnerista, que un juez cita a un ministro en funciones a prestar declaración como sospechoso de un delito.

“Resulta llamativo que se me cite a declarar a fines de 2014, cuando la causa, supuestamente, se inició en 2008, conforme lo indica la citación”, se quejó Alak, y aclaró que dará “todas las explicaciones pertinentes cuando conozca el contenido de la causa y concurra a prestar declaración.”

“Si se tratare de lo que difunden los medios, debo decir que, como ex Director por el Estado en Aerolíneas Argentinas, he defendido con honestidad y transparencia los intereses de la empresa y el patrimonio del Estado Nacional”, remarcó el ministro.

Por último, atacó fuertemente a la empresa española Marsans, por entonces a cargo de Aerolíneas Argentinas. “Durante ese período, impedimos que continuara el vaciamiento de nuestra aerolínea de bandera por parte de los accionistas españoles, quienes en la actualidad se encuentran presos en su país; denunciamos el sobreendeudamiento post concursal, solicitamos la intervención judicial de la empresa y promovimos su estatización para salvar el servicio público y las 10.000 fuentes de trabajo”, destacó.

LA CITACIÓN

Según la denuncia, Alak y la auditora general Vilma Castillo, también imputada, omitieron actuar ante la “grave situación” que atravesaba la empresa, de la cual habían advertido por escrito al entonces secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime.

Según indicaron fuentes judiciales a LA NACION, ninguno de los dos imputados designó aún abogado en la causa penal, por lo que podría haber un pedido de postergación de las audiencias fijadas.

De acuerdo a lo explicado por fuentes judiciales, ambos eran directores en representación del Estado Nacional en la empresa por ese entonces en manos de Marsans y enviaron una nota a Jaime para advertirle sobre la “grave situación” de la empresa y pidiendo una “decision política” para salvarla.

Jaime habría respondido con otra misiva en la cual señaló que ellos como directores debían articular medidas para generar la intervención judicial en el tema.

En la causa se les atribuye no haber hecho nada ante esa respuesta de Jaime y luego haber firmado un “acta acuerdo” con la Secretaría de Transporte que fue la base para la expropiación posterior.

 

 

 

 

Fuente: La Nación