El Juez de la Cámara de Casación Nacional, Juan Carlos Gemignani (h), resultó condenado por el Tribunal Supremo de Justicia de Entre Ríos en un caso de Mala Praxis profesional ocurrido en el año 2002, algunos meses antes de ocupar un Juzgado Penal en Santa Fe, y diez años antes de su actual cargo en la Justicia Federal.Juan Carlos Gemignani quedó a un paso del juicio político y, en su caso, de ser removido en el cargo que ocupa en la flamante Cámara de Casación Penal de la Justicia Federal con sede en Comodoro Py. La Cámara de Casación es el órgano judicial más importante del sistema penal en Argentina, apenas por debajo de la Corte Suprema Nacional.
El magistrado es hijo del recientemente fallecido abogado Juan Carlos Gemignani, que ocupara el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en su normalización democrática y que fuera, con posterioridad, miembro original del Consejo de Magistratura en su primera conformación tras la reforma de 1994.
“Juanca” cómo se lo conoce en los ámbitos universitarios, nunca tuvo el peso académico de su padre pero alcanzó altas responsabilidades en el Poder Judicial, a través de sus buenas relaciones con actores estratégicos del Foro. Como abogado ya tenía antecedentes de reclamos de sus clientes, que fueron resueltos antes del comienzo de su tarea en la justicia.
Sin embargo, la causa que lo lleva a una situación de dificultad institucional se había iniciado en 2002 y llegó a sentencia definitiva del S.T.J. de Entre Ríos, que confirmó el 1 de octubre de este año los fallos de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones, y en las que se lo condena por daños y perjuicios a un ex cliente que le reclamaba por haber dejado caer tres plazos, en tres situaciones distintas, del trámite en el que lo representaba.
De acuerdo a lo que dicen los fallos, Gemignani “olvidó” accionar en dos ocasiones y proseguir la apelación en segunda instancia, lo que derivó en una condena de su defendido, en el año 2002.
Desde entonces, el cliente promovió los reclamos en su contra y obtuvo el respaldo absoluto y definitivo de todas las instancias del Poder Judicial de Entre Ríos, que finalmente lo condenó a indemnizar a su cliente.
En ninguna de las tres instancias, el magistrado intentó resolver la situación por la vía de la negociación, ni a la fecha -transcurridos ya tres meses de la sentencia definitiva- procuró resolver el asunto, a los efectos de terminar con el pleito.
Mientras se tramitaba la causa, Gemignani, además de ejercer la docencia en derecho, fue designado a cargo de un Juzgado Penal en la justicia santafesina, puesto que abandonó en 2011 tras ser nombrado para ocupar un lugar en la nueva Cámara de Casación de la Justicia Nacional.
El juez está inhibido para disponer de sus bienes desde que se confirmó la sentencia de segunda instancia en 2011 y ahora recibió un embargo sobre su sueldo en Casación que fue ordenado por la Justicia entrerriana e ingresó a Comodoro Py el pasado 5 de diciembre, recibiendo la firma del mismísimo Secretario de Casación, Javier Reyna de Allende.
La deuda que Gemignani mantiene con su ex cliente alcanzaría una cifra cercana al millón de pesos, que incluye los honorarios de los abogados que participaron en la causa que dio origen al reclamo.
Si bien no existe un Código de Ética para la magistratura Federal, todos los antecedentes y las consultas realizadas por Notife Papel indican que el Magistrado concurre en una “grave falta a los principios que rigen al ejercicio de magistratura” y que su situación debe ser ventilada urgentemente en las instancias disciplinarias. “Lo que corresponde es que rápidamente se levante el embargo a su sueldo, ya que constituye una falta grave a la condición que debe tener un Magistrado en sus funciones”, aporta el constitucionalista Domingo Rondina, que agrega: “la situación es realmente anómala, y lo sería aún peor si intentara eludir el cumplimiento de una sentencia judicial. Un magistrado que habiendo sido condenado obliga a la justicia a hacer cumplir una sentencia forzosa, pudiendo cumplirla voluntariamente, no cumple con los valores de la magistratura”. La situación descripta por Rondina se corrobora con una presentación efectuada por el abogado de Gemignani en la justicia entrerriana solicitando la revocatoria del embargo. Sin embargo, y casi como una metáfora de la historia, el reclamo llegó tarde, después de que se presentaba en sus oficinas de Comodoro Py.
En las últimas horas, una fuente judicial de Entre Ríos confirmó que el Tribunal Supremo tiene en sus manos un pedido de “copia certificada de la sentencia contra Gemignani, a los efectos de ser presentada ante el Concejo de la Magistratura de la Nación en los próximos días”
El magistrado atendió el teléfono al requerimiento de Notife Papel, pero se limitó con sorna a “mandarle un fuerte abrazo a su Director”.

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