Especialistas creen que es inconstitucional porque invade a la Justicia.

Abogados constitucionalistas y legisladores de la oposición consideraron que la decisión del kirchnerismo de citar a personas acusadas de presunta evasión por cuentas bancarias supuestamente no declaradas en Suiza para que presten declaración en el Congreso es inconstitucional y se entromete en funciones propias de la Justicia.

El artículo quinto del proyecto de ley que creó la comisión investigadora bicameral dice que la misma tendrá como funciones “la citación y audiencia de la entidad bancaria involucrada como instrumentadora de la operatoria y de los titulares de las cuentas denunciadas por la AFIP”.

No queda claro si se trata de los 4040 mencionados en la lista del organismo fiscal o sólo de las personas con las sumas más relevantes, mencionadas como “casos testigo” ante la Justicia por el organismo que conduce Ricardo Echegaray.

En cualquier caso, la conclusión de los especialistas consultados por LA NACION fue que, con esta norma, que aún debe ser sancionada, el Parlamento se está entrometiendo en funciones de otro poder, y en una causa judicial que recién está dando sus primeros casos y, además, violando el secreto fiscal.

Todos los entrevistados dejaron en claro que no defienden la eventual evasión cometida por los acusados, sino que cuestionan la intromisión del Congreso en facultades propias del Poder Judicial.

El abogado Daniel Sabsay sostuvo que la convocatoria a las personas mencionadas en la lista de la AFIP “es una violación a la independencia del Poder judicial; ya hay jurisprudencia de la Corte que ha prohibido este tipo de comisiones especiales del Congreso, que constituyen una violación de los derechos individuales y una extorsión”. Para Sabsay, si una persona no quiere declarar, “puede pedir un amparo” ante la Justicia.

Su par Gregorio Badeni sostuvo que las personas mencionadas “no pueden ser obligadas a declarar” y también opinó que si llegara a haber indicios de que esto se puede transformar en “un juicio popular, la persona puede pedir un amparo”. Badeni consideró que “es evidente que atrás de esto hay un propósito político, como en toda comisión legislativa, que no termina cumpliendo una utilidad constitucional”.

Alberto García Lema expresó que “en este caso, está en juego el secreto fiscal y bancario, que sólo puede ser liberado por un juez o por una ley”, pero consideró que esa apertura “debería ser hacia adelante y no por una comisión legislativa, en forma retroactiva”.

Sin embargo, el artículo seis del proyecto de ley dice que “en ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario, fiscal, bursátil y/o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad en cuanto se trate de informes, testimonios, documentos o antecedentes de la materia objeto de la investigación”.

Al respecto, García Lema consideró que “una ley que exima del secreto en forma indiscriminada puede violar los derechos adquiridos de las personas, sean inocentes o no en materia de evasión”.

Por su parte, el ex camarista y actual diputado por el radicalismo Ricardo Gil Lavedra consideró que la ley “está mal, porque la comisión no puede ejercer una función judicial y no está claro cuál sería su función legislativa”. Por otro lado, explicó, entre los artículos “no se aclara si lo que digan las personas citadas puede ser utilizado en su contra”.

Desde Pro, el economista y diputado Federico Sturzenegger afirmó que “la ley viola el artículo 18 de la Constitución al sacar a la gente de los jueces naturales, y por eso votamos en contra”. Según Sturzenegger, el oficialismo “buscará crear un show mediático hasta la elección presidencial y dilatará cualquier definición de la Justicia”.

En tanto, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá sostuvo que “es un absurdo citar a la gente a declarar; primero la AFIP debe decir quién evade y la UIF, quién lava; esto intenta tapar lo del juez [Claudio] Bonadio, es una payasada”. Además, Solá denunció que “la AFIP limpió la lista de los amigos del poder antes de denunciar a la gente a la Justicia”.

Del lado oficialista, el abogado y diputado Héctor Recalde defendió la iniciativa. Dijo que no deberían ser citados todos los mencionados en la lista de la AFIP. “El sentido común es que al menos primero sean citados los que mueven más cantidad de dinero, no pequeños evasores; luego puede ser el resto porque esto es la punta del iceberg”, afirmó. Sobre la posibilidad de que se pueda estar en algún conflicto de inconstitucionalidad, expresó: “No, de ningún modo, porque la comisión cita para que la gente dé su testimonio, no incrimina. Acá no se juzgará a nadie”. Recalde defendió el objetivo de la comisión de “colaborar para identificar los ilícitos”. Y prometió: “Voy a ser el primero en denunciar si hay una anomalía” en el funcionamiento de ese cuerpo, que ya genera polémica antes de comenzar a funcionar.

 

 

OTRA EMPRESA DESMIENTE

 

 

La divulgación de la lista de los presuntos evasores con cuentas en Suiza sigue sumando críticas y desmentidas empresarias. La firma Indunor realizó una presentación judicial para informar que todas sus cuentas en el exterior “están debidamente declaradas”, y aclaró que en el caso específico de las cuentas que tenía en el HSBC en Suiza “están cerradas desde 2004”.

 

Fuente: La Nación Digital