Así lo postuló el fiscal federal Walter Rodríguez. Entre las consideraciones, se contempla la instigación a cometer delitos a Alberto Rubén Martínez. La diputada Alicia Gutiérrez ponderó la decisión.
Alberto Rubén Martínez –presunto instigador de los hechos–, Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani son los acusados por el delito de sedición durante el levantamiento policial de diciembre de 2013. Durante la mañana de hoy, el fiscal Walter Rodríguez así lo explicó –por Radio Eme–: “A Martínez se le imputa la instigación a cometer delitos y al resto el delito de sedición”.
“Ellos (los acusados) indicaron entablar negociaciones de naturaleza sindical de acuerdo a lo que a todos los trabajadores comunes se les ha reconocido constitucionalmente”, esgrimió el fiscal. Sin embargo, “no sucede lo propio con este tipo de personas. No está permitida la sindicalización de la Policía ni el derecho a organizarse, puede entenderse como una falencia, pero la cuestión es que no está permitido –remarcó– y en función de eso la Fiscalía no lo acepta como un argumento válido”.
Al momento de solicitar la imputación, Rodríguez consideró, además, sobre la instigación “las comunicaciones a través de las redes sociales. La organización Apropol cuenta con cuentas asignadas a este espacio, y a través de esta plataforma surgieron varias comunicaciones a personas indeterminadas, pero que se hicieron eco de los reclamos y de las arengas”. A ello se suma, “comunicaciones telefónicas muy valiosas asignadas a la esposa del señor Martínez que fueron elocuentes al momento de entablarse relaciones con otros imputados”, definió.
A su turno, la diputada provincial por el FPCyS Alicia Gutiérrez opinó, en diálogo con CeroKM (Radio Eme, de lunes a viernes de 9 a 13), “que era hora” que se solicitaran los procesamientos. “Me consta que el fiscal Rodríguez defendió fuertemente el hecho de acusarlos por sedición, pero no encontró eco en el juez y me parece muy importante que estas personas, que fueron denunciadas por el gobierno provincial –aclaró– por impedir el normal desenvolvimiento de las fuerzas policiales durante diciembre de 2013, encuentren el delito en el cual están enmarcadas este tipo de acciones”.
Para la legisladora, lo ocurrido fue “gravísimo”. “Imaginemos que esto pueda suceder en cualquier momento y con una magnitud mayor, realmente paraliza la función policial y de seguridad para el cual el pueblo los armó”, destacó y evocó que “estas personas fueron expulsadas de la fuerza policial, la mayoría de ellos, en la época del gobernador (Jorge) Obeid, por hechos ilícitos cometidos”.