La Municipalidad de Esperanza puso en funciones a Leandro Alberto Amaya, (Comisario General (Re) de la policía de Santa Fe con el fin de “aconsejar” sobre seguridad vial. Lo controversial es que Amaya fue sindicado por la querella de la militante asesinada en Rafaela, Silvia Suppo, por “perjudicar la investigación”.

 

 

Por el caso de Silvia Suppo, la militante social asesinada en Rafaela, hay dos jóvenes condenados a prisión perpetua, sindicados como autores materiales del hecho. Durante el desarrollo del juicio, los querellantes entendieron que debe investigarse también el accionar policial, porque aseguraron que “perjudicaron la investigación”.

Para el caso del hoy asesor del Poder Ejecutivo de Esperanza, Leandro Alberto Amaya, estuvo implicado en la causa por negar haber recibido una prueba clave como lo fue el video de la Terminal de Ómnibus de Rafaela que muestra a los dos condenados, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, la misma mañana del crimen, el 29 de marzo de 2010, cuando se escapan en un colectivo de línea hasta Santa Fe.

Según la crónica del diario Rosario/12 del 6 de febrero de 2015 “el apoderado de la empresa concesionaria, Hernán Gunzinger, ratificó ante los jueces del Tribunal Oral que tuvo que entregar dos veces las grabaciones: la primera, en la Jefatura de Policía y la segunda, ante el propio juez que instruía la causa, Alejandro Mognaschi, porque la primera copia nunca llegó al expediente. “Yo fui personalmente a entregarles el video”, dijo Gunzinger y mencionó que los había dejado en mano del entonces subjefe de la Unidad Regional V, Leandro Alberto Amaya, quien negó haberlo recibido. El empresario no tuvo la precaución de hacerse firmar un recibo, pero sí se guardó una segunda copia, que es la que luego aportó a la investigación y hoy está en el Tribunal de Santa Fe que juzga a Sosa y Cóceres”.

Cabe resaltar que la familia de Silvia Suppo entiende que en el crimen de la militante social también hubo participación policial por lo que se pidió se investigue el accionar policial; situación que el Tribunal no ordenó investigar. “Volveremos a reclamar para que se vea lo que pasó en el juicio, el pésimo accionar de la policía y el encubrimiento en esta causa. Pretendíamos más de este Tribunal”, afirmaba la abogada querellante Lucila Puyol, luego de la sentencia, al diario Rosario/12.

Flamante asesor

En un comunicado, el Municipio de Esperanza entiende que la designación de Amaya es considerada como un “avance en la seguridad vial”.

El comunicado afirma:

“(…) fue puesto en funciones en el día de la fecha (4 de mayo de 2015) el Sr. Leandro Alberto Amaya, (Comisario General (Re) de la policía provincial y titular de la UR V con asiento en Rafaela, entre otras funciones) de amplia trayectoria y con capacitación superior en Seguridad Pública y Ciudadana realizada en el Instituto de Seguridad Pública (ISeP) de Santa Fe, como asesor del Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de aconsejar y proponer acciones sobre el funcionamiento del cuerpo de inspectores, desplegando acciones en coordinación con distintas organizaciones y entidades de la comunidad tendientes a lograr la promoción, toma de conciencia, sensibilización y participación de los ciudadanos en los aspectos que resultan de su competencia.

También, asesorar y guiar el funcionamiento de la Dirección de Policía Municipal, generando acciones tendientes a la prevención, disuasión, mediación y persuasión frente a situaciones de riesgo, conflicto y de emergencia en la vía pública; y proponer activas campañas de difusión que fomenten la participación comunitaria, implementando las posibles soluciones preventivas para la construcción de una idea de seguridad como bien común, así como favorecer el dialogo entre los entes gubernamentales responsables legales y administrativos de la seguridad en sus diferentes estamentos y los vecinos, proponiendo las acciones correctivas que se consideraren necesarias ante las autoridades competentes; y promover el tratamiento multidisciplinario y multiagencial de la problemática de la seguridad, que incluya las cuestiones sociales vinculadas a la educación, el trabajo, la salud, las adicciones y cuestiones situacionales/ambientales como iluminación, accesibilidad y tránsito barrial, comunicación, identificación de viviendas y recuperación de espacios verdes públicos y privados en condiciones de abandono, entre otros, convocando siempre que sea posible la participación comunitaria”.