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jueves 19 de mayo de 2022

Se debatió sobre los programas de protección de testigos

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El objetivo fue enriquecer los programas con opiniones y experiencias. De acuerdo a lo manifestado por el ministro de Justicia y DD.HH de la provincia, Juan Lewis, “el Programa de Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad protege a más de 300 testigos entre víctimas, querellantes y abogados”.

Juan Lewis (LT10)

 

En la tarde de este miércoles se desarrolló en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral una jornada-debate sobre los programas de protección de testigos con los que cuenta nuestra provincia. De la misma participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco; el fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, y el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Javier Aga.

Durante la actividad se discutieron distintos aspectos de los programas de protección de testigos en el marco del nuevo sistema procesal penal que está vigente en la provincia de Santa Fe desde el 10 de febrero de 2014.

En la actualidad existen en la provincia distintos programas que funcionan de forma separada: el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad que se tramitan en el fuero federal, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Programa de Acompañamiento y Protección de Testigos y Víctimas Vulnerables asistidas por los Centros de Asistencia Judicial, de aplicación para las personas que reciben asistencia y asesoramiento en dichos centros, que también funciona en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y el Programa de Protección de Testigos correspondiente al Ministerio de Seguridad.

Al respecto, el ministro de Justicia y DD.HH, Juan Lewis, manifestó que en Santa Fe “hay varios mecanismos de protección: Uno para las víctimas de terrorismo de Estado que está funcionando bastante bien, con mucha legitimidad y con personal tanto de las Fuerzas de Seguridad como civil con mucha preparación, porque el acompañamiento que se hace es integral, social, psicológico, médico y jurídico. Esta es la tónica con la que se ha armado esta unidad de protección y la misma que se quiere imprimir a este nuevo instrumentos para el nuevo Sistema Penal”.

Por otro lado- continuó el funcionario- “existe un mecanismo que es el clásico que no tiene regulación de ninguna naturaleza que es cuando un juez entiende que una persona tiene que ser sometida a este tipo de protección, respecto de cualquier ciudadano, por el hecho de ser testigo o querellante en una causa penal, así oficia el ministerio de seguridad que dispone de una custodia”.

E indicó que “el problema aquí es que hay un grandísimo dispendio de recursos porque estas medidas no se revisan, la determina el Poder Judicial sin conocer la carga de trabajo que tiene la policía y el Ministerio de Seguridad y consecuentemente hay recursos mal aprovechados, no se echa mano a un elenco de medidas posibles para ver cuál es la menos agresiva para el protegido y que sea la más efectiva porque hay medida más efectivas pero con menos recursos y esto no se puede ponderar desde el sillón del juez sino que tienen que intervenir varios actores y el Ministerio de Seguridad. Lo que se intenta con esta clase de reformas es potenciar la efectividad de un mecanismo de esta naturaleza”.

Consultado acerca del número de testigos que son protegidos por estos sistemas, Lewis, dijo que “lo que tiene que ver con causas penales es fluctuante el número pero debería decirlo el Ministerio de Seguridad, respecto de los de lesa humanidad estamos arriba de 300 testigos víctimas y querellantes incluso hay algunos abogados incluidos en el programa”.

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