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sábado 4 de diciembre de 2021

Comunicado oficial de prensa del Ministerio Público de la Defensa

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Ante la posibilidad de destitución del defensor general Gabriel Ganón, abierta ayer en la Legislatura santafesina, el Ministerio Público de la Defensa emitió esta noche el siguiente comunicado:


“En el día de ayer la Comisión de Acuerdos de la legislatura santafesina ha abierto el camino a la posible destitución del Defensor Provincial Dr. Gabriel Ganón. Este nuevo hostigamiento que sufre la Defensa Pública y el señor Defensor Provincial por parte de la coalición que gobierna la provincia de Santa Fe desde hace 9 años no es nuevo y, por lo tanto, consideramos oportuno hacer algunas reflexiones que permitan la mejor comprensión de lo que está sucediendo.
El Dr. Gabriel Ganón ha soportado desde el inicio de su gestión varios pedidos de destitución bajo la ambigua y difusa figura de “mal desempeño de sus funciones”. La pregunta que deberíamos hacernos es qué existe detrás de este nuevo pedido que ha conseguido avanzar el marco de la Comisión de Acuerdos para iniciar el mecanismo que pone en juego la continuidad del Defensor Provincial al frente de la Defensa Pública de Santa Fe.
De las acusaciones que vierte el senador Lisandro Enrico (FPCyS) en este nueve pedido de destitución muchas son falsas, otras son para ser resueltas dentro de planteos judiciales que la Defensa Pública viene llevando adelante como litigación estratégica y deben quedar por fuera del marco político y otras son, lisa y llanamente, por cumplimiento del trabajo propio de la Defensa Pública. Además, el senador Enrico no sólo trae argumentos ya rechazados sino que incorpora -según sus manifestaciones públicas- otros como el intento de representación de víctimas de tortura y violencia institucional lo cual se contrapone con la Constitución Nacional ya que es una obligación de las Defensas Públicas como lo acordara el Estado Argentino en la última Asamblea de OEA, y vuelve a insistir con las opiniones políticas que forman parte inalienable de la constitución de cualquier sujeto autónomo y que son las bases de la libertad de expresión que forma parte del juego democrático más allá de que a algunos les gusten mucho, poco o nada.
Sólo el trabajo eficaz de la Defensa Pública pone en evidencia las graves falencias de los diferentes actores de la administración de justicia santafesina y de la seguridad ciudadana, y es esto lo que no se tolera y se quiere castigar.
Es evidente que cualquier voz diferente que no acuerde con la idea que tiene la coalición gobernante respecto de como quisiera que fueran las cosas, tiene que ser acallada, separada, apartada, destituida, pretendiendo una homegeneidad peligrosa para las instituciones de cualquier Estado, porque en lugar de defender a los ciudadanos de los delitos que comete el propio Estado, pretenden defender al Estado frente al reclamo de justicia de la ciudadanía, hecho que se ha concretado de manera patente frente a las recientes manifestaciones públicas que sólo reclaman una eficaz y honesta administración de justicia. Como jamás han podido demostrar anormalidad alguna en la gestión de esta Defensa Pública se ven obligados a recurrir a argumentos falaces, pueriles y antidemocráticos.
Ante los pedidos de destitución, el Defensor Provincial recibió el apoyo de diferentes colectivos sociales: gremios de COAD (docentes e investigadores de la UNR), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales de de la República Argentina), SADOP (Sindicato de Docentes Particulares de Santa Fe) y del SPR (Sindicato de Prensa de Rosario), la Federación de Empleados Judiciales de la República Argentina, CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) de Rosario y Santa Fe), asociaciones profesionales, legisladores nacionales y provinciales, concejales de la ciudad de Santa Fe, organismos defensores de los Derechos Humanos, organizaciones y movimientos sociales, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Rosario, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Consejo Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Colegio de Psicólogos de Rosario, Asociación Pensamiento Penal, entre otros.
Las represalias y hostigamientos por parte de la coalición gobernante en la provincia de Santa Fe son patentes y no reconocen otra finalidad que la de acallar las voces que se levantan en denuncia de graves y recurrentes violaciones a los Derechos Humanos en la Provincia de Santa Fe. Permitir este tipo de hostilidades implicaría no sólo silenciar a los más vulnerables y vulnerados, quienes se ven representados en la figura de la Defensa Pública sino que también implicaría perpetrar un terrible antecedente institucional para quienes en el futuro intenten ejercer sus funciones y proteger la vigencia de los Derechos Humanos en la provincia.”

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