El Brexit se judicializó en el alto tribunal británico. La legalidad de disparar el divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea sin la autorización del Parlamento será decidida por los jueces, en un caso que probablemente llegue a la Corte Suprema de Justicia.

En medio de acusaciones de los parlamentarios conservadores y laboristas contra la primera ministra Theresa May por falta de democracia al querer ignorar al Parlamento al detonar el artículo 50 que inicia la ruptura con la UE, la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon anunció el jueves la presentación de un proyecto de ley para un segundo referéndum por la independencia de Escocia de Gran Bretaña. Busca defender el voto Remain y su decisión de quedarse en Europa, que hicieron los escoceses en el referéndum de junio junto con Irlanda del Norte, a diferencia del resto del reino.

Desde el jueves y durante dos días y medio, tres jueces “seniors” del más alto tribunal británico- Lord Thomas de Cwmgiedd, Sir Terence Etherton y Lord Sales- presidirán las audiencias en el desafío legal, que va a tener grandes implicancias políticas y constitucionales en Gran Bretaña. En el centro del caso judicial está el poder o no de la primera ministra Theresa May para irse de Europa, sin que la implementación del artículo 50 que lo inicia no sea votado en el Parlamento, donde solo tiene una mayoría de 12 diputados. May no quiere el que la Cámara de los Comunes apruebe o desapruebe el resultado del referéndum, que no es vinculante, pero que al ser convocado fue aprobado por ellos.

En la primera audiencia del jueves, en el mismo alto tribunal donde se trató la extradición del general Augusto Pinochet, con manifestantes del Remain con banderas europeas y del Brexit exigiendo “Artículo 50 ya”, se inició la audiencia con una galería completa de público.

Gina Miller, una manager de inversiones británica, representada por el prestigioso estudio de constitucionalistas Mischon de Reya, que tramitaron el divorcio de la princesa Diana, Deir Dos Santos, un peluquero, The People Challenge, presentada por el estudio Bindmans y con el dinero recogido en crowfunding, y un grupo de expatriados británicos, que viven en 10 países europeos, son los que están desafiando la decisión de Theresa May de no consultar al Parlamento.

Al inicio de los alegatos, Lord Pannick, que representa a Gina Miller, dijo que el gobierno no tiene autoridad legal para usar poderes de prerrogativa real para disparar el Brexit sin autorización parlamentaria. Una formal “notificación a los ministros” solo “mina el Parlamento y priva a la gente de sus derechos estatutarios”, dijo.

“Notificación”, dijo Pannick, “es disparar el gatillo y cuando la bala le pega al objetivo. Inevitablemente lleva a las consecuencias de la que el Acta de Comunidades Europeas de 1972 deja de aplicarse”, explicó. ”No es una simple acción en el plano internacional. Lleva a la remoción de una serie de importantes derechos, más allá de lo que el Parlamento piense después”, aclaró.

“Poderes prorrogativos no deben ser usados por el ministro (David Davis, secretario del Brexit) para remover derechos establecidos por un acto del Parlamento”, argumentó el abogado.

Lord Pannick explicó en su alegato que el desafío eleva preguntas de “fundamental importancia sobre los límites del poder del ejecutivo”. También dijo que el gobierno estaba equivocado al decir que “este desafío legal es un camuflaje para prevenir el Brexit”.

Fue cuando el presidente del tribunal, Lord Thomas, preguntó si una vez el artículo 50 es invocado, puede ser detenido o alguna forma de “informe condicional” puede ser dado. Pannick dijo que el proceso es imparable tras ser puesto en marcha.

Los abogados que están defendiendo a los que cuestionan la aplicación del artículo 50 han recibido amenazas de muerte y un gran abuso por las redes sociales. Por eso algunas identidades van a ser protegidas. El caso puede llegar a la Corte Suprema antes de marzo, pero el veredicto del alto tribunal se conocerá el martes próximo.

Escocia e Irlanda del Norte enviaron abogados al tribunal a tomar nota porque en ambos lugares ganó el Remain y ellos quieren seguir siendo europeos.

Paralelamente, la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon anunció ante la conferencia del partido Nacional de Escocia en Glasgow, que la semana próxima presentara “el proyecto de ley” para un segundo referéndum por la independencia escocesa. Ella dijo que quiere la legislación lista para convocar a un referéndum antes que Gran Bretaña se vaya de Europa, en marzo del 2019.

Sturgeon acusó al gobierno británico y a su reciente retórica sobre frenar la inmigración y quitar el mercado único europeo como “un claro indicio” de que el partido Tory ha sido tomado por la “rampante y xenofóbica ala derechista”. Y la desafío directamente a la primera ministra Theresa May: “Escuche bien: si usted piensa por un segundo que yo no soy seria sobre hacer lo que haya que hacer para proteger los intereses de Escocia, entonces piense de nuevo”.

Sturgeon lanzará el referéndum si no la conforman los nuevos poderes que serían transferidos al Parlamento escocés después del Brexit. Como poderes separados sobre inmigración y política exterior, que los conservadores no quieren transferirle.

Simultáneamente, Sturgeon tiene otra estrategia: convocar a una coalición con los legisladores y Lores de la oposición laborista, los conservadores pro europeos y los liberales demócratas para votar contra la ley del gobierno que le permite adoptar el Brexit. Ella va a aprovechar las divisiones en el partido Tory ante el “Hard Brexit”, la inestabilidad económica que ha generado esta decisión política, la incertidumbre en la City y la caída de la libra esterlina, que asusta a los británicos y al mercado.

Downing St, la residencia de la primera ministra, dijo que el gobierno continuará hablando con la primera ministra escocesa, pero que no apoya otro referéndum.

Con las divisiones sobre el Brexit, Gran Bretaña va a sumarles las que un referéndum sobre la independencia de Escocia y la eventual desintegración del reino van a volver a causar.

 

Clarín