Se trata de un caso que se investiga en toda Latinoamérica. En Argentina tiene más de 90 víctimas.

La Agencia de Investigación sobre Trata de Personas, la Comisaría de la Mujer y la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe realizaron diligencias en el marco de la causa denominada Ángel Guardián, un caso de grooming reconocido en toda Latinoamérica.

Para brindar detalles de las actuaciones iniciadas el pasado 7 de noviembre, a instancias del Ministerio Público de la Acusación, el jefe de la Policía de Investigaciones, Daniel Corbellini; y la responsable de la delegación Sur de la Agencia de Trata de la provincia de Santa Fe, Jorgelina Aguirre, realizaron este viernes una conferencia de prensa.

“A partir de la investigación de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Matías Ocariz, Matías Merlo, Estanislao Giavedoni y Aldo Gerosa, se nos hizo el requerimiento para constituirnos en los domicilios de las víctimas, donde -con los perfiladores y psicólogos de PDI- se pudo trabajar y secuestrar gran cantidad de material informático”, precisó Corbellini.

Por su parte, Aguirre detalló que “se hicieron alrededor de 15 intervenciones en toda la provincia, 11 de ellas en Rosario, y las restantes en San Justo, La Pelada, Chañar Ladeado y Reconquista”. Durante las mismas, “las víctimas y sus familias realizaron entrevistas a través de los equipos interdisciplinarios conformados por psicólogos y trabajadores sociales y se secuestró equipamiento electrónico e informático para ser peritado y utilizado cuando se determine la elevación a juicio de la causa”.

El trabajo de los equipos de la Policía de Santa Fe estuvo coordinado por los ya mencionados fiscales del MPA.

LA CAUSA

Denominada Ángel Guardián, data de dos años a la fecha y fue alertada a las autoridades por la ONG National Center for Missing and Exploited Children. La misma investiga un hecho de grooming cometido por un hombre, que tiene más de 90 víctimas solo en Argentina y otras tantas en países de Latinoamérica como Uruguay, Brasil, Colombia, México y Perú.

La operación estuvo coordinada por la fiscalía de la ciudad autónoma de Buenos Aires a través de la Red 24/7, organismo que nuclea a todas las procuraciones generales del país y que establece protocolos conjuntos de intervención para casos de abuso infantil mediante internet.

Debido a la cantidad de víctimas detectadas en Argentina, las intervenciones se realizaron en Bahía Blanca, Dolores, Lomas de Zamora, Mercedes, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.

GROOMING

El artículo 131 del Código Procesal Penal argentino fue incorporado en noviembre de 2013 e indica: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”