El presidente de la Corte Suprema utilizó ambas misivas en “carácter personal” para “defender su honor y el de las personas que lo rodean”.

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le envió cartas documento a la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría y a la diputada Elisa Carrió, con quienes mantiene enfrentamientos y acusaciones cruzadas. En ambas misivas, se expresa a título personal para “defender su honor y el de las personas que lo rodean”.

Con relación a la magistrada, Lorenzetti la responsabilizó de “utilizar injurias, agravios y difamaciones mediáticas para intentar modificar decisiones de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura”. De manera puntual, se refiere a las declaraciones periodísticas en las cuales Servini de Cubría denunció una maniobra para removerla del poder judicial a raíz de una supuesta investigación contra el titular de la Corte Suprema y lo denunció por “presionar a los jueces”.

“Es extraño que usted denuncie todo eso ahora, que tiene un problema personal, y no lo haya dicho antes si era tan grave. También es extraño que denuncie mediáticamente pero nunca, en todos estos años, lo haya hecho institucionalmente. Más extraño aún es que usted, que ha sido recibida por la presidencia de la Corte en todas las oportunidades que lo solicitó, incluso recientemente, jamás haya presentado ninguna queja. No es serio todo lo que dice ahora y menos aún que no lo haya dicho antes”, aseguró Lorenzetti.

“Usted se ha apartado de todo lo que es esperable de un magistrado”, añadió. La acusación de Servini de Cubría fue una respuesta a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que restablece el límite de 75 años para ejercer la función de juez.

En tanto, en la carta enviada a Carrió, el titular del órgano máximo de Justicia planteó: “Desde el mes de enero de 2015 he sido víctima de difamaciones reiteradas por parte de su persona, sin causa alguna. En lo referente a mi situación patrimonial, usted me ha denunciado por enriquecimiento ilícito en enero de 2015. Presenté voluntariamente al juez todas mis declaraciones juradas desde mi ingreso a la Corte Suprema. Tanto el fiscal como el juez, en dos oportunidades, se expresaron en el sentido de que no había nada objetable  y dictaron el sobreseimiento. Es decir, mi patrimonio fue investigado y hay una sentencia firme. Usted fue informada de todo ello y lo aceptó. Así como es su derecho denunciar, es su obligación respetar las decisiones judiciales. Sin embargo, continuó con sus acusaciones”.

“En su conducta hay una afectación de mi honor y de mi imagen que ya no pueden ser toleradas”, expresó Lorenzetti, y le requirió que concurra a la Corte para “verificar todos los documentos de la administración en un plazo de cinco días” y a desmentir “de manera pública, y por todos los medios que las ha efectuado, esas falsas afirmaciones que han resultado gravemente lesivas de mi honor e imagen personal, en el plazo de 24 horas”.