Rosario: El 13 de febrero pasado un muchacho fue acusado de ladrón y un uniformado le disparó por la espalda. La Defensa Pública asegura que una grabación muestra que el joven de 27 años fue víctima de violencia institucional y pidieron tratar el caso como tal.

El 13 de febrero pasado Facundo cayó herido de un balazo en la espalda. Era mediodía y por Mendoza y Maipú no caminaba casi nadie. El feriado de Carnaval había empujado a muchos fuera de la ciudad y retenido a otros tanto dentro del hogar. La policía lo señaló como uno de los dos ladrones que poco antes habrían asaltado un súper chino. Sin embargo, según apuntaron desde la Defensa Pública, grabaciones de la zona muestran que Facundo fue víctima de violencia institucional.

De acuerdo a lo informado por la Defensa, el testimonio de Facundo en Fiscalía y el vídeo del domo ubicado en la esquina que une calles Mendoza y Maipú, coinciden mientras que el acta de procedimiento policial “contiene omisiones y falsedades que no condicen con lo que las imágenes muestran”.

“Según surge de las pruebas recolectadas hasta el momento existen elementos suficientes para enderezar la investigación hacia un delito contra la vida o la integridad corporal, agravado por el uso de arma de fuego y por abuso de las funciones propias de personal policial”, advirtieron. Así, encuadraron el hecho en un caso de violencia institucional y solicitaron que la investigación continúe sin policías santafesinos que pudieran entorpecerla.

Ya el jueves pasado la Defensa detectó una seria irregularidad: Facundo prestó declaración en Fiscalía sin el asesoramiento y acompañamiento de defensores. Para la Defensa, esto constituyó “una maniobra que ha desprotegido a la víctima, la ha privado de sus derechos de asesoramiento y representación y frustrado la intervención de la Defensa Pública en su rol protectivo en este tipo de procesos en los que se investigan episodios de violencia institucional”.

La situación fue reprochada a la fiscal Karina Bartocci por escrito del defensor regional, Gustavo Franceschetti y advertida ante el fiscal regional Patricio Serjal; y el caso fue consignado como “mala práctica judicial” en el Registro de Torturas, Malos Tratos y demás afectaciones a los Derechos Humanos.