Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires han sido las únicas provincias que no han encontrado “la oportunidad” de avanzar en un federalismo de cercanía que permite a los municipios establecer su propia carta orgánica, su forma de elegir a sus representantes locales, su potestad en materia impositiva de gestionar recursos de manera o distribuirlos.

Por Pablo Benito

La reforma constitucional provincial encuentra su principal escollo en el sentido de la oportunidad planteado por sus detractores que forman parte del Estado -sea provincial o municipal- a los que, por la necesaria inversión de la carga de la prueba, deberían confesar la propia desobediencia al mandato constitucional nacional que establece -entre otras cosas- en su artículo 123°: “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el art. 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires han sido las únicas provincias que no han encontrado “la oportunidad” -en 24 años- de avanzar en un federalismo de cercanía que permite a los municipios establecer su propia carta orgánica, su forma de elegir a sus representantes locales, su potestad en materia impositiva de gestionar recursos de manera o distribuirlos.

La Constitución Nacional es un contrato social que fue actualizándose, según la evolución social y cultural en el territorio, estableciendo pautas políticas que rigen el funcionamiento de las instituciones a partir de criterios que fueron dejando atrás la esclavitud, estableciendo la libertad de expresión, de reunión, la igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, el principio de inocencia y el derecho a un juicio justo, el derecho a elegir y ser elegido como representante, etc.

Lo que parecerían obviedades no lo son en términos históricos dado que lo que hoy es normal, en el principio fundacional de la Nación era un debate.

Se daba finalización a un pasado de monarquías, reinados y virreinato, privilegios legales por prerrogativas de sangre, de nacimiento, eliminando toda posibilidad de volver al pasado de los títulos nobiliarios. El Estado se constituyó en base a las coincidencias de lo que no se quería y la relación de los ciudadanos para con las instituciones que se pretendía.

Paga el de atrasado

Por eso que las asimetrías entre provincias, en un marco de sistema institucional federal, va en contra de las ventajas comparativas entre distritos entendiendo que las modificaciones constitucionales recientes son progresistas en relación a lo que transforma.

Lo que establece la Constitución nacional de 1994, en cuanto a las autonomías municipales y comunales, da la posibilidad a los ciudadanos del interior de controlar “a rienda corta” a sus propios representantes y establecer la normativa que refleje no sólo lo que ocurre en un distrito sino que, además, pueda motorizar su desarrollo.

Por eso es extraño y absurdo que sea la propia provincia la que no encuentre “oportunidad” de aprovechar las concesiones de la nación para perfeccionar un federalismo que, sin lugar a dudas, dista mucho de consolidarse como sistema ante un avance con prisa y sin pausa del centralismo porteño, mal llamado gobierno nacional.

Cuesta demasiado entender el sometimiento institucional al que se somete la provincia de Santa Fe con su inoportuna pereza política de sumar mayor calidad democrática a la gestión del territorio. Lo inaudito de la situación es que la resistencia a la reforma parta de la representación política que más se beneficiaría -y en perjuicio de la discrecionalidad provincial- con la definitiva intromisión de la “Ley Orgánica de Municipalidades” que le pone un cepo a las decisiones financieras, normativas y tributarias de la ciudad de Santa Fe.

Fondo de Asistencia Educativa

Uno de los cambios inmediatos para el municipio sería la libre disposición de una importante alícuota de sus propios ingresos. “Cada Municipalidad destinará el 10% como mínimo de sus rentas anuales para el Fondo de Asistencia Educativa y para promoción de las actividades culturales en el radio de su municipio”, una imposición -cuanto menos- absurda que transfiere recursos de la ciudad a compensar obligaciones provinciales y nacionales.

En el terreno tributario, la declaración de autonomía, permitiría a los municipios no sólo nutrirse de Tasas y Contribuciones, sino también utilizar la herramienta impositiva para corregir distorsiones y obtener fuentes de financiamiento alternativas -por ejemplo- a la voracidad por multas y contravenciones.

Con respecto a la libre determinación sobre el espacio público y público privado, los municipios deben someterse a la imposición provincial de disponer de terrenos baldíos de propiedad municipal en el caso de que se “necesitare utilizar un terreno baldío para obra de utilidad pública, la Municipalidad deberá cederlo gratuitamente…”

Tampoco las “las municipalidades podrán contraer empréstitos dentro o fuera de la República. Sin autorización especial de las Honorables Cámaras Legislativas de la provincia”, con lo que las decisiones de una ciudad para con su propias arcas y necesidades son definidas por quienes no han sido elegido por los vecinos para tal fin.

 

Manipulación de la identidad urbana

El arrebato a la idiosincrasia vecinal en manos de la provincia llega al punto de que “las municipalidades no podrán erigir bajo ningún pretexto ni autorizar la erección en parajes públicos, excepción hecha en los cementerios municipales, de estatuas o monumentos conmemorativos de personas o acontecimiento determinado, sin que previamente una ley especial de la Provincia acuerde el permiso para cada caso ocurrente.”

Autonomía municipal en la historia

El anhelo tradicional de la autodeterminación de las ciudades se remonta a los Cabildos. La lucha por la independencia nacional tuvo en los Cabildos a su institución señera que consolidó las conquistas de las grandes gestas nacionales.

Los Cabildos van teniendo una preponderancia progresiva desde el comienzo mismo de la conquista, con un momento de auge que se prolonga más allá de la Revolución de Mayo hasta comienzos de la década de 1820. Con la supresión del Cabildo de Buenos Aires en 1821, en la gestión de Martín Rodríguez, comienza la declinación de la importancia de los cabildos que se van transformando en municipios. Era un cambio de paradigma que, en el caso de Santa Fe, llegó al colmo de demoler el Cabildo de Santa Fe para dejar claro que el centralismo había llegado a la Argentina de la mano de la ocupación territorial que extendía la trascendencia de las provincias que desarrollaron las instituciones de gobernadores y legisladores provinciales.

El “antes y después” de la organización municipal

Con la Constitución de 1853 se adopta el sistema republicano federal y se coloca en un tercer lugar al régimen municipal reglamentado por la normativa nacional y provincial.

En 1870-1890 la provincia de Santa Fe procuró establecer en las colonias agrícolas un régimen municipal que contara con autonomía para fortalecer los enclaves inmigrantes.

La autonomía municipal se vería coronada en la Constitución de 1921 como corolario de la lucha de Lisandro de la Torre que enarbolaba la jerarquización de los municipios y de la participación de vecinos en el tratamiento de los asuntos públicos

La Constitución Provincial de 1921 refiere el Régimen Municipal, autorizando a los municipios de primera categoría a redactar “sus respectivas Cartas Orgánicas para el propio gobierno, sin más limitaciones que las contenidas en esta Constitución” (artículo 149º); “La carta será dictada por una Convención Municipal cuyos miembros serán elegidos por el cuerpo electoral municipal” (artículo 150º).

Fue un suspiro la victoria de la autonomía municipal de 1921 tuvo una corta vigencia durante la gestión de Luciano Molinas (1932-1935) interrumpida por la intervención federal.

Llegamos a la Constitución Provincial de 1962. Esta Constitución y la Ley N° 2756 -Orgánica de Municipalidades vigente- se encuentran al margen del mandato de la Constitución Nacional de 1994, por lo que las autonomías -en Santa Fe- se encuentran en una posición de desobediencia institucional, toda vez que no ha encontrado la “oportunidad” de estar en sintonía con ese federalismo de cercanía ordenado por el constituyente de la última reforma nacional.