“Kiki” vuelve con la familia Gigliotti. Tres instancias del Estado ignoraron el interés del niño. Finalmente se actuó legalmente.

Por Pablo Benito

La crisis que envuelve a la familia tradicional y la formación de un concepto, en la realidad mucho más abierto, que refiere a las familias, hace necesario reforzar el centro de la escena que debe ocupar la niñez en cuanto al interés primordial.

A principios de este año, un caso conmocionaba a la provincia de Santa Fe por la rudeza con que el Estado había apartado a un niño de tres años del seno de una familia solidaria, que lo había tenido en guardia por casi dos años.

Las familias solidarias son aquellas que se anotan en un registro ofreciendo un hogar transitorio para aquellos niños que se encuentran en estado de “adoptabilidad”, pero que la burocracia no puede, no quiere o demora la situación administrativa por la que se le brinda al menor en situación de vulnerabilidad, un hogar que le permita iniciar una vida predecible junto a una familia.

La transitoriedad no puede exceder los seis meses como forma de obligar al Estado a la celeridad y proteger al menor de un manoseo emocional innecesario, en primer lugar del niño -que es quien debería ser la única preocupación de la sociedad- y también como una forma de proteger, resguardar y reconocer a quienes se involucran en tamaña acción de amor que equipara, de alguna manera, la injusta situación de un niño que no tiene -por distintos motivos- la chance de crecer y desarrollarse con sus padres biológicos.

El caso Kiki

El conocido caso que indignó a la comunidad, es el de un pequeño que estuvo casi dos años conviviendo con el matrimonio Morla-Gigliotti. A pesar que ese tiempo nunca debió haber transcurrido sin que la situación del menor se resuelva. Estos plazos administrativos tienen relación no con un capricho del legislador sino con que dos años, para la formación de la identidad de un niño de tres -como es este caso- lo es todo, por lo que los “tiempos de la Justicia”, no corren -o no deberían correr- para determinar el futuro de los niños.

Los plazos son parte de la norma y no están liberados a la cantidad de expedientes que pueden estar abarrotando la lucidez de funcionarios, jueces de familia o a la estructura burocrática que se ocupa de situaciones graves.

Notife, desde un primer momento, tomó la posición periodística de comprender la ley y las normas desde la interpretación que no admite bibliotecas enfrentadas. Si bien se sostenía que debían humanizarse las normas para ser justas y no solo “legales”, era notable que en un sistema jurídico moderno -que incorporó a partir de la Reforma Constitucional del 94, la defensa de los Derechos del Niño como Derecho Humano- debe, el Juez, decidir bajo el criterio supremo de que es el “Interés del Niño” el único que prima sobre cualquier interpretación en contrario.

Derechos

Los Derechos del Niño prevalecen sobre cualquier otra norma a partir de la institución jurídica universal del “Interés Superior del Niño” que, además de un derecho establecido y humano, es un principio y una norma de procedimiento. Un derecho en tanto el interés del niño/a, es superior toda vez que se prime al valorar distintos intereses para decidir sobre una cuestión que le afecta al menor.

Un principio porque si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el “Interés Superior del Niño”. Y es una norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión que afecte el interés de niñas o niños, el proceso deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión en los intereses de las niñas y niños.

En ese sentido, la violenta decisión tomada por la Subsecretaría de la Niñez de la Provincia de Santa Fe, es a todas luces, de una ilegalidad manifiesta y de un preocupante desconocimiento de las normas que existen, no para resolver dudas administrativas sino para proteger a la parte más vulnerable y la que debe encontrar solución a su situación de desprotección.

No es ya el “Estado” quien incumplió las normas, nacionales e internacionales de concernientes a la protección de la niñez, sino que son los funcionarios, con nombre, apellido y cargo, quienes han incumplido sus deberes públicos.

Lo que es aún peor, intentaron remediarlo con una medida intempestiva, violenta y que no reparó en las circunstancias particulares -provocadas por el incumplimiento de los propios funcionarios- de aceptar la situación traumática, sobre todo para el niño, y tender infinitos puentes de diálogo con la “familia solidaria”.

El mundo del revés

La situación de entrenamiento público, entre la familia solidaria y los funcionarios no tiene responsabilidades compartidas, ni mucho menos. Es el Estado y sus ocasionales representantes, los funcionarios del área, quienes deben ser contenedores y no “acusadores”.

Lo más terrible del caso es que el desconocimiento de las leyes, tuvo tres instancias de interpretación errónea por parte del Estado. Sólo la insistencia, convicción y decisión de la familia -además de los medios para instar, con apelaciones, la revisión del caso- dio como resultado que sea incorporado el “Interés Superior del Niño” por encima del interés menor de cuidar al sistema y su crueldad, con un solo aparente fin: mantener en sus puestos a quienes incumplieron sus deberes de funcionario público una y otra vez en perjuicio de un pequeño.

Lo ignorado

Los intereses y derechos de los adultos son absolutamente secundarios ante el “Interés Superior del Niño”. Debe tenerse en cuenta la Ley N° 26.061 de “Protección de niños, niñas y adolescentes” en su Artículo 3°. Esta ley fue violada intempestivamente y sin contemplaciones por el propio Estado, es por eso que -en el sendero de confiar en la ley- nuestros sentimientos de solidaridad y hasta piedad para con “Kiki” y su familia tiene fundamentos legales que acompañan el sentido común y humanitario.

“La reparación”

El último 5 de febrero, la jueza Romero desestimó el pedido del defensor general que pretendió “hacer cesar los efectos del cambio de alojamiento convivencial del niño”, volviendo atrás la medida dispuesta por los funcionarios la Subsecretaría de la Niñez de la Provincia. La jueza no dio lugar al recurso de amparo interpuesto por la Defensoría quien entendió el principio de proteger el “centro de vida” de “Kiki” y la familia apeló el dictamen.

El fallo apelado recayó en la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe más precisamente en la Sala Segunda, compuesta por Sodero, Pagliano y Drago. Ya fuera del ámbito judicial exclusivo de del derecho de familia, se dio lugar al recurso en base a la situación subjetiva de Kiki que, hasta el momento, había sido tratada como objeto de derecho.

El 22 de mayo pasado, los jueces Eduardo Sobrero, Luciano Pagliano y Armando Drago -cinco meses después de que la Dirección de Niñez decida intempestiva, y violentamente, quitar a Kiki de los brazos de quien él consideraba sus padres-, la Justicia santafesina aplicó la ley en su espíritu supremo que, en el caso de niñez, declara como fin último el interés del niño.

Lamentablemente la reacción de la burocracia, incluso del Ministro de Desarrollo Social, tomó la decisión de la cámara como “revés judicial” y no como un llamado de atención a un sistema que se protege a sí mismo, incluso, a pesar de la situación de los menores.