Organizaciones sociales y familiares de jóvenes fallecidos a manos de la policía marcharon hoy en Argentina para protestar contra el “gatillo fácil” de las fuerzas de seguridad, una situación que, denuncian, se ha agravado con el Gobierno de Mauricio Macri.


En Buenos Aires, en torno a un millar de personas se manifestó desde el Congreso hasta la céntrica Plaza de Mayo bajo el lema “Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más” y “El Estado es responsable”, con fotos que recordaban a los jóvenes muertos, la mayoría de ellos provenientes de entornos humildes.

Además de la capital, hubo convocatorias en las ciudades de Córdoba, en el centro del país, en Mendoza, situada en el oeste, y en Mar del Plata, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.

María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), una asociación que da soporte legal a los familiares, dijeron que “el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, la persecución y el hostigamiento a los pibes en los barrios, las torturas y las muertes en lugares de detención no son hechos aislados”.

“No ocurren porque hay un loco suelto o un psicópata reclutado por error, sino que son parte de una política de Estado, aseguró Verdú, que señaló que la violencia policial es una “herramienta” para el “control y disciplinamiento” de las personas “más vulnerables” y las “barriadas populares”.

La activista criticó que desde que llegó Macri al poder, a finales de 2015, “ya es el propio Gob el que nos dice en conferencias de prensa en cadena nacional que hechos como el fusilamiento de Juan Pablo Kukoc por la espalda por un policía bonaerense es parte de su política pública que ellos promueven y propagandizan”.

El caso al que hizo referencia Verdú, que generó mucha polémica en Argentina, fue el de un policía que mató cuando huía a un hombre que había apuñalado y robado a un turista; un tribunal le procesó, pero el Gobierno le defendió públicamente y le brindó asistencia legal en el juicio.

Desde que asumió, el Gobierno de Macri ha expuesto la necesidad de una mayor dureza contra al delincuencia y ha defendido la figura del policía en casos mediáticos.

“Es u Gobierno que se distingue de los anteriores no porque haya inventado el gatillo fácil, sino porque por primera vez, explícitamente, desde el propio presidente para abajo, reconocen, admiten y hacen campaña diciendo que es su política pública”, aseveró Verdú.

Micaela Corzo, hermana de un hombre de 27 años que falleció en 2003 por disparos de un policía que más tarde fue condenado, explicó que “el dolor no se olvida con el tiempo y las heridas no se curan”, pero se aprende a “convivir” con ese dolor, que entonces se tiene que “transformar en lucha”.

“Entendemos que esto va a seguir sucediendo y tenemos que estar de pie pro el resto de familiares que van a venir más adelante”, añadió Corzo, integrante de Coprrepi y que ejerce como acusación en el caso de Cristian Toledo, un joven de 25 años que fue tiroteado por un policía el año pasado.

El oficial aseguró que pensó que iban a robarle, pero la familia y los amigos de Toledo sostienen que sucedió tras una pelea de tráfico; el caso irá a juicio en unas semanas, un punto al que fue “muy difícil llegar”, según Leo Medina, la madre de Cristian, ambos habitantes de una “villa miseria”, barrios precarios similares a las favelas.

Para la abogada María del Carmen Verdú, la experiencia muestra que “las causas en las que logramos llevar al banquillo por lo menos al autor material es a partir de la movilización y la lucha en las calles”.

“Las causas que no tienen querella, que no tienen impulso por parte de las familias organizadas, están condenadas al sobreseimiento fácil”, sentenció.