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jueves 2 de diciembre de 2021

Rosario: crece el conflicto en La Sexta

Foto: El Ciudadano

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Militantes que se oponen al desalojo de un puñado de familias del barrio, donde los tres niveles del Estado llevan adelante una reconversión urbanística, terminaron apresados frente a la Municipalidad. En un caso, por “desobediencia judicial”; en el restante, por “resistencia a la autoridad”

 

La escalada del conflicto en La Sexta sumó este miércoles un nuevo episodio. Por un lado, los tres niveles del Estado avanzan en una reconfiguración urbana de la zona de La Siberia, donde funciona la Ciudad Universitaria de la UNR, y por otro un puñado de familias que se niegan a abandonar el barrio, nucleadas en la Asamblea La Sexta Resiste. Dos militantes que se oponen al desalojo que fue acordado con la gran mayoría de los vecinos terminaron detenidos al caer la tarde frente a la Municipalidad, donde llevaban adelante un corte de calles. En un caso, se dijo oficialmente, fue por incumplir una orden judicial de no acercarse al personal que trabaja en el barrio, y en el restante por “resistencia a la autoridad”. En la noche de este miércoles, integrantes de La Sexta Resiste manifestaban frente a la comisaría 2ª, en Paraguay al 1100, en pedido por la liberación de los detenidos, con apoyo de otras organizaciones políticas y sociales.

El conflicto es de larga data y tiene como trasfondo la reconversión urbana de este sector del macrocentro, donde la ciudad, la provincia y la Nación encaran la construcción de unidades habitacionales y una avenida sobre la actual calle Beruti, entre otras obras por un valor de unos 1.500 millones de pesos. La mayoría de las familias aceptó su relocalización, salvo un grupo de vecinos que se opone a dejar el barrio.

En este contexto la tensión fue escalando a través de distintos episodios que llegaron a la represión policial con balas de goma y gas pimienta por parte de la Policía, como sucedió en la mañana del pasado 1º de noviembre en la zona de La Paz y Esmeralda, cuando trabajadores se aprestaban de demoler una construcción donde funciona un centro barrial y a cercar un predio que ya no estaba ocupado. La versión oficial es que la presencia de los uniformados apuntaba a garantizar el trabajo de los obreros, quienes fueron atacados con piedrazos, lo que los militantes negaron. Matías R., un manifestante, terminó demorado algunas horas.

Guillermo P., histórico militante barrial, había sido imputado dos días antes, el 30 de octubre, por el fiscal Gonzalo Fernández Bussy debido a una serie de hechos, aunque englobados en figuras como “privación ilegítima de la libertad”, “entorpecimiento del transporte por tierra y comunicaciones” y “turbación de la posesión”. Todos episodios de protesta social a los que la Justicia decidió aplicarle todo el poder del Estado a través de un tratamiento delincuencial, en una ciudad de por sí jaqueada en su seguridad por otros factores. Los hechos fueron manifestaciones ante a la sede local de la Gobernación, frente a la Fiscalía Regional Rosario y en el propio barrio La Sexta. Como resultado el juez Juan Andrés Donnola le impuso restricciones, como no acercarse al barrio donde vive.

En la tarde de este miércoles, un grupo de vecinos hizo un corte en Buenos Aires al 700, frente a la Municipalidad, para presentar un petitorio y “exigir que las autoridades se sienten a hablar con los vecinos”, según comunicaron los manifestantes. En esas circunstancias, policías “reprimieron y se llevaron detenidos a dos compañeros”, contaron los militantes, que se trasladaron hasta la seccional 2ª para pedir por su liberación.

Desde Fiscalía informaron que Guillermo P. fue apresado frente a la sede del municipio por orden judicial, ante el pedido del fiscal Fernández Bussy, ante el incumplimiento de las órdenes dictaminadas por Donnola en la audiencia mencionada. Otro hombre, identificado como Emanuel R., fue también detenido bajo acusación de resistencia a la autoridad.

Repudio de una concejala

En este marco, distintas organizaciones sociales y políticas se acercaron a acompañar el reclamo por la liberación de los detenidos hasta Paraguay y San Juan. La concejala Norma López, del Frente para la Victoria, repudió “el desmedido accionar policial”.

La edila consideró “totalmente desmedido la orden que recibieron policías y guardia de infantería quienes desalojaron en forma violenta en un ámbito dónde había niños, mujeres y familias como puede verse en lo videos filmados por los mismos participantes”.

En ese sentido aseguró que requerirá explicaciones desde el Concejo para saber quién ordenó dicho operativo.

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