La justicia de Honduras declaró hoy culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados por el asesinato el 2 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. Las penas de prisión a las que serán condenados se conocerán el 10 de enero de 2019.

Los siete acusados declarados culpables son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte. Al acusado Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.

Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), fueron condenados por el delito de asesinato. La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país al que Berta Cáceres se oponía.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Oscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero. El fallo fue leído en presencia de los ocho acusados, quienes llegaron antes de las 16:00 hora local (22:00 GMT) a la sala del tribunal fuertemente custodiados.

A la audiencia también asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPINH), del que la ambientalista asesinada era su coordinadora general.

“No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia”, dijo la madre de la ambientalista. Muy conmovida, subrayó que “estos bandidos van a la cárcel a pudrirse en la cárcel”, pero “a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar”.

El día del crimen, Berta tenía como huésped al ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido de bala en una oreja. La familia de Berta Cáceres ha reiterado que DESA, empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del Gobierno y militares, entre otros, son parte de los “autores intelectuales” del crimen de la ambientalista, quien fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa, en la occidental ciudad de La Esperanza.

El abogado de DESA, Robert Amsterdam, desde Washington indicó en un comunicado que hizo llegar a Efe que el equipo de defensa de Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de la empresa, rechaza el fallo. ”El equipo de defensa del señor Rodríguez rechaza esta decisión y apelará, y tiene la intención de solicitar una compensación por la condena injusta y la violación de los derechos humanos ante varios organismos internacionales”, enfatizó Amsterdam.

Agregó que “no hay duda de que este juicio fue objeto de una abrumadora campaña de presión internacional basada en afirmaciones falsas y ahora han obtenido el resultado deseado: una farsa con motivaciones políticas para encarcelar a un hombre inocente a pesar de la falta de pruebas”.

En las semanas previas al fallo, Amsterdam Partners LLP publicó un “libro blanco” de 80 páginas que detalla “las numerosas deficiencias procesales que impidieron el derecho de los acusados a la presunción de inocencia y a un juicio justo”, recordó Amsterdam.

También recoge “varias transcripciones de mensajes de texto polémicos, recuperadas de los teléfonos de Cáceres, contradiciendo muchas afirmaciones de la acusación particular y poniendo de relieve teorías alternativas de autoría, no exploradas por los fiscales”.

”Me solidarizo enormemente con la familia de la víctima por su pérdida. Ellos merecen justicia, pero la justicia no significa una condena a las partes inocentes basada en la falta de pruebas, solo porque un grupo poderoso puede ejercer su voluntad en los tribunales”, acotó Amsterdam.

El pasado día 24 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) advirtió de que por el asesinato de Berta Cáceres solamente se condenaría a los autores materiales. ”Este juicio nos va a dar una sentencia, seguramente nos va a dar condenados, pero lo cierto es que los que van a ser juzgados y sancionados son los autores materiales”, dijo a Efe la oficial de Incidencia del Cejil, Karina Sánchez.