La monja japonesa Kosaka Kumiko que era parte del equipo del instituto católico de Luján de Cuyo Antonio Próvolo declaró por unos 10 minutos y ratificó su inocencia. “Soy una muerta civil”, dijo, y se consideró “condenada de antemano” por los medios de comunicación.

 

Como informó ayer MDZ, la justicia determinó la libertad de la monja Kosaka Kumiko tras el pago de una fianza, debido a que la justicia determinó que solo en dos de los primeros tres hechos por lo que está imputada, está acreditada su participación, en una causa en la que se investiga abusos en el instituto católico Antonio Próvolo de Luján. La religiosa está acusada de nueve hechos como autora y la causa ya ha sido elevada a juicio. Sin embargo, la fiscalía ha decidido mantener la privación de la libertad ante las otras causas pendientes.

Hasta ahora, la defensa de Kumiko no sabe de dónde sacar los dos millones de pesos de fianza, por lo que lo consultará con la congregación en Buenos Aires, de modo de concretar el pago.

La resolución de liberar a la monja la tomaron los jueces Ariel Spektor, Diego Lusverti y Eduardo Martearena, que accedieron a la nulidad de las pruebas en su contra. Ante ellos, la monja ratificó en diez minutos de alegato que es inocente, que nunca se había querido fugarse, que no tenía bienes porque hizo el voto de pobreza, que rechazaba todo lo que habían dicho de ella o sobre ella y que si bien nació en Japón y era hija de japoneses se crió, educó y formó en Argentina. Kumiko ratificó que antes de ser detenida en 2017 tenia residencia aquí y que jamás tuvo algún tipo de antecedente penal.

Su abogado Carlos Varela Álvarez explicó que con el pago de una fianza de 2 millones de pesos, la religiosa recuperará la libertad condicional porque no hay riesgo de fuga. “Se ha demonizado a la monja y ahora estos jueces nos dan la razón de que el proceso de detención no ha sido justo, lleva casi dos años privada de su libertad”, dijo Varela Álvarez. Al exponer ante el tribunal, la religiosa sostuvo que no podía comprender aun las “acusaciones falsas”, según dijo porque “estuve aquí desde el 2004 y 2012 “al servicio de la comunidad”.

Kumiko argumentó que tiene “derecho a la libertad”. También puso de relieve que nunca actuó legalmente en contra de los denunciantes, a pesar de que considera que mntieron sobre ella. Especial énfasis puso al recordar que “hasta me acusaron de la muerte de una exalumna”. “Soy una muerta civil; ya me han condenado de antemano con todo lo que han dicho sobre mí”, se defendió.

Dijo estar “destrozada”, pero que a pesar de todo “estoy erguida y de pie y hasta el final sostendré mi inocencia”.

Por su parte, el tribunal se negó a cambiar la calificación legal y rechazó los cuestionamientos de la defensa en tornoa las normas procesales que actualmente rigen en materia de libertad durante el proceso o en las nulidades respecto de las interpretaciones, porque eran “cuestiones al margen de lo que debe entenderse como solicitud de libertad”. Como solo podía expedirse sobre los tres hechos que en un primer momento estuvo acusada, analizaron la prueba, criticaron a la fiscalía por no haberle dictado la prisión preventiva por las causas que sí lo requerían.

A la hora de expedirse, cada juez hizo un voto especial sobre las consideraciones que se expusieron y uno de ellos hizo una crítica muy fuerte a la fiscalía por haber hecho el requerimiento de elevación a juicio mientras estaba pendiente la decisión del tribunal. También cuestionó los informes forenses que se hicieron sin control de la defensa. Los tres, sin embargo, fueron enfáticos en que se debe garantizar el juicio justo más allá de los dimes y diretes, sensaciones que despierta la causa en la población y los medios, atentos a los expdientes y no a lo que se dice en la prensa y no en las declaraciones judiciales.