El Ministerio de Seguridad intenta implementar, a través de Gendarmería, un servicio cívico voluntario para adolescentes y jóvenes de entre 16 y 20 años que no estudian ni trabajan.

Analía De Luca

En los últimos días se conoció otra confusa idea del gobierno nacional: en esta oportunidad, el Ministerio de Seguridad intenta implementar, a través de Gendarmería, un servicio cívico voluntario -para adolescentes y jóvenes de entre 16 y 20 años que no estudian ni trabajan (“ni-ni”)- con atribuciones que le corresponden, en todo caso, a los Ministerios de Educación o de (Salud y) Desarrollo Social. La ocurrencia, además, no fue consultada con las organizaciones civiles, sino que, directamente, se publicó en el Boletín Oficial (Res. 598/19).

Las críticas no tardaron en llegar. Para empezar, Patricia Bullrich aseguró en el anuncio que Gendarmería es un organismo muy valorado en el país. Mientras, solo durante la gestión Cambiemos han ocurrido al menos tres casos resonantes en que se ha visto institucionalmente involucrada la fuerza (Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y un confuso episodio institucional en la Facultad de Psicología de la UNR), sin contar los muchos casos particulares de denuncias a agentes y oficiales.

En segundo lugar, se pusieron en discusión las atribuciones de las fuerzas de seguridad y la superposición de funciones con otras áreas gubernamentales. La Ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, manifestó al respecto que “Gendarmería no tiene nada que ver con un proceso educativo” y que “escuchar estas cosas muestra una enorme improvisación y falta de conocimiento”. En tanto, su par Jorge Álvarez, titular -en este caso- de la cartera de Desarrollo Social santafesina, opinó que “bajo ningún aspecto se puede compartir que las políticas para jóvenes se piensen desde el Ministerio de Seguridad”; “el anuncio nos sorprendió, es una decisión desacertada que ni siquiera sirve como medida electoralista”, aseguró.

Y el propio Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, aunque no criticó directamente la medida, intentó despegarse tibiamente diciendo que este servicio y la escuela “son ofertas distintas”. Sin embargo, al parecer y al menos hasta que Cambiemos no sepa si continúa o no por cuatro años a la cabeza del gobierno nacional, los chicos que sí asisten a la escuela no pueden, además, acceder a esta “oferta distinta”, mientras que los “ni-ni” sí podrían volver al colegio, si así lo quisieran. La Ministra de Desarrollo Social (y Salud) de la Nación, Carolina Stanley no se ha manifestado al respecto.

“La Educación no les está dando respuestas”

La Ministra también ha dicho que esta medida llenará un “vacío”, porque la educación no les está dando respuestas a esos chicos, contradiciendo así los dichos de Finocchiaro tras las pruebas Aprender 2019, quien aseveró que “La educación en Argentina empezó a mejorar”.

En todo caso, si la educación no estuviera cumpliendo su función habría que reestructurarla y fijar el objetivo en la retención escolar.

Además, el segmento “ni-ni” al que apunta el servicio cívico está compuesto por 1.080.682 jóvenes,  de los cuales el 67% son mujeres dedicadas al cuidado de personas. Es decir, el ingreso al servicio será mucho más fácil para aquellos varones que no compartan tareas de cuidado (según datos de Chequeado.com). En un principio, se prevé el ingreso de 1200 jóvenes que asistirán gratuitamente una vez por semana a predios (de acceso restringido) de Gendarmería a aprender Educación Cívica, deportes y orientación vocacional (contenidos que se enseñan en las escuelas), sin recibir tampoco retribución económica, aunque si el programa tiene éxito y Cambiemos logra otro período, podría haber becas en 2020. También cabe mencionar que la inscripción coincide con la fecha de las P.A.S.O. nacionales.

La conjetura de si Cambiemos busca con esta medida organizar una fuerza militante encubierta suena en las conversaciones de mesas de bar, como también aquella de que lo que se busca es captar al sector votante menos instruido. Si el objetivo fuera “lavarle” la imagen a Gendarmería, la medida parece, cuanto menos, exagerada. Si, en cambio, el gobierno incursionó en otra improvisación en su larga lista de “pruebas/errores (como las marchas y contramarchas en los aumentos de tarifas, movilidad de feriados, fórmula de jubilaciones, suspensión de pensiones por discapacidad…), en las próximas horas podría haber anuncios rectificadores.

De cualquier modo, en un país donde la secundaria es obligatoria, resulta cínico por parte del gobierno nacional admitir tan solapadamente que hay adolescentes fuera del sistema y, mucho más, avalarlo con un programa que lo fomente. En todo caso, la pregunta debería ser: si hay dinero para financiar esto ¿por qué no se orienta a mantener y reinsertar a los jóvenes en la educación formal? En este sentido, la propia Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes (designada por Cambiemos y aprobada por el Congreso tras 13 años de vacancia del el cargo), Marisa Graham opinó que “el ámbito adecuado para la formación en valores democráticos, republicanos y de derechos humanos es la escuela”. “El esfuerzo debería dirigirse a fortalecer la secundaria”, ratificó.