El abogado Gustavo Feldman, querellante en las causas por violaciones a los derechos humanos perpetradas en San Lorenzo, formalizó la renovación del planteo (originalmente presentado el 11 de abril de 2005) ante el juez federal Nº4, Germán Sutter Schneider, quien ahora deberá fijar fecha. Según contó el letrado a La Capital, la solicitud apunta a que Balza concurra a la sede judicial de bulevar Oroño al 900 en forma personal “dado el valor de su palabra para todas las causas abiertas”.

También consideró que se trata de “un testimonio edificante”, ya que el embajador “tiene buena parte de la responsabilidad por el cambio de tesitura del Ejército en materia de derechos humanos y la revisión del pasado”.

El planteo -adelantado el miércoles por este diario- activó los sensores de la representación argentina en Bogotá: esa misma tarde Feldman recibió un llamado telefónico del propio Balza.

El letrado le explicó al ex jefe castrense la razón del pedido y la necesidad de que brinde testimonio en persona. Balza respondió que “no tenía inconvenientes” en venir a Rosario, aunque supeditó ese trámite a las imposiciones de sus tareas diplomáticas.

Pero ayer hubo otro contacto telefónico con el subsecretario de Política Latinoamericana de Cancillería, Leonardo Franco, quien transmitió que “el gobierno no tiene ningún inconveniente en que Balza se traslade físicamente a Rosario para testimoniar”, según reveló Feldman.

El abogado había formulado el primer pedido cuando Carlos Vera Barros se desempeñaba como juez subrogante, pero las apelaciones por parte de los acusados (el ex teniente coronel Rubén Cervera, el ex capitán Horacio Maderna y el suspendido concejal Pedro Pili Rodríguez) lo frenaron.

La reciente confirmación del auto de procesamiento de los imputados en el expediente que involucra a Manuel Casado -uno de los denunciantes- potenció las chances de solicitar el testimonio del embajador.

En abril de 2005 los ex tenientes coroneles Oscar Pascual Guerrieri y Jorge Fariña, detenidos y procesados en la causa Quinta de Funes, habían entregado a la Justicia documentos del Ejército con la intención de demostrar la supuesta legalidad que enmarcó el accionar represivo.