Al menos 18 presos murieron en una pelea de bandas rivales en una cárcel de Honduras, un día después de que una junta interventora tomara el control del sistema penitenciario en medio de una escalada de violencia, informaron esta madrugada las autoridades.

“Se maneja un total de 18 privados de libertad muertos”, afirmó el vocero de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), José Coello.

En uno de los peores brotes recientes de violencia carcelaria en el país, las autoridades informaron que las muertes ocurrieron por disparos de bala en el interior de un penal en Tela, una ciudad del litoral Atlántico, a 180 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa.

El tiroteo ocurrió entre las 16 y las 17 (19 y 20 de Argentina) por causas que se están investigando.

Al menos una veintena de reclusos resultaron lesionados, algunos de gravedad, y fueron trasladados a hospitales estatales donde están siendo atendidos, agregó el vocero de Fusina, citado por la agencia de noticias EFE.

Las autoridades investigan como ingresaron a la cárcel las armas utilizadas en el enfrentamiento entre reclusos.

El vocero aseguró que las autoridades recuperaron el control de la prisión, que todavía no está bajo el control de la junta interventora nombrada el martes por el presidente, Juan Orlando Hernández, para manejar el sistema penitenciario.

El poder Ejecutivo declaró el martes el estado de emergencia en el sistema penitenciario después de varios episodios de violencia ocurridos en los últimos meses a causa de los problemas de seguridad en las cárceles.

Compuesto por unas 30 cárceles, el sistema penitenciario de Honduras alberga a unos 22.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales, recogidas por la agencia de noticias EFE.

La junta interventora tendrá entre sus funciones lograr la normalización y el correcto funcionamiento de los centros penales, así como en los centros de internamiento para menores infractores, “priorizando los de máxima seguridad”.

El decreto Ejecutivo que autoriza la intervención de las cárceles también ordena la suspensión temporal de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y de Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).