El Poder Ejecutivo enviará el mensaje sobre la futura ley de Necesidad Pública. Habrá otros mensajes y pliegos para las próximas semanas.

Se terminó enero y se terminó el receso parlamentario y administrativo en la Legislatura así como la feria judicial y el receso de la administración central. Más allá de esas pausas administrativas, la política tuvo un primer mes caliente tras el rechazo a fines de diciembre en la Cámara de Diputados al proyecto para declarar en emergencia a diversas áreas del Estado. En los últimos días de enero el Poder Ejecutivo aceleró, con actores de la sociedad y de la política, la explicación de los alcances de la futura ley de Necesidad Pública. No obstante la definición pasará al Poder Legislativo en este mes de febrero.
El justicialismo tiene mayoría en el Senado aunque con diferencias entre sectores internos. En cambio, en Diputados, la mayoría le pertenece al Frente Progresista y el oficialismo apenas cuenta con 7 de los 50 integrantes del cuerpo.

Entre lunes y martes, el Poder Ejecutivo enviará el mensaje de ley de Necesidad Pública para su tratamiento en el Senado. El ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo es el encargado de explicarle a los diferentes bloques políticos de ambas cámaras los alcances así como de escuchar los cuestionamientos o los aportes que pretendan realizar los diferentes espacios políticos.

Ya pasaron por el despacho del responsable político del gabinete varios senadores y diputados justicialistas; Amalia Granata (Somos Vida), el interbloque de la izquierda en Diputados y de la Cámara Baja también Juntos por el Cambio. La semana próxima será el turno de radicales, socialistas y de Unite. Algunos justicialistas pasaron también por el despacho del ministro de Gestión Pública, Rubén Michig, por temas de sus regiones pero el funcionario aprovecha para hablar de las herramientas que necesita el Ejecutivo “para solucionar problemas alimentarios, sociales, sanitarios y de seguridad”.

Como viene informando El Litoral, el proyecto prevé un fondo de Emergencia Alimentaria para llegar a aquellos que no recibirán la Tarjeta Alimentaria de 2.500 millones de pesos, otro similar en términos numéricos para Emergencia Sanitaria y otro de Seguridad destinado a equipamiento y para favorecer la movilidad del personal de seguridad. Además el proyecto contiene autorizaciones para tomar deuda pública para recomponer el FUCO y para el pago de obligaciones asumidas por el Estado.

El mensaje ingresará por Senado, cámara que en principio será convocada para el jueves. Lo propio ocurrirá en Diputados de acuerdo a lo conversado días atrás durante la convocatoria realizada por el presidente, Miguel Lifschitz, para abordar aspectos de la seguridad pública y que concluyó con un documento acordado entre todos los bloques políticos.

Más allá del tema Necesidad Pública, el Poder Ejecutivo incluirá otros temas en Extraordinarias. Se mencionan la habilitación de proyectos ya con estado parlamentario que refieren a autorizaciones para endeudamiento con programas nacionales o de organismos internacionales.

También el Poder Ejecutivo enviará pliegos de funcionarios que requieren acuerdo legislativo como directores del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y del Ente Zona Franca Santafesina donde se deben renovar los representantes de la Casa Gris. En cuanto al Enress, si bien hay dos sillas vacantes en el directorio, en Casa de Gobierno se daba por descontado que se propondrá un nuevo mandato de Oscar Urruty. El lugar restante es para un director propuesto por los sindicatos de trabajadores de Obras Sanitarias.

Reclamo de De Ponti

Para la diputada Lucila De Ponti (PJ) es necesario avanzar en políticas concretas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para lo cual consideró fundamental acompañar la jerarquización de la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe con la asignación presupuestaria necesaria para cumplir con esa tarea.

“Necesitamos políticas y presupuestos adecuados para combatir la violencia de género”, aseguró De Ponti, quien recordó que Santa Fe es la segunda provincia con mayor índice de femicidios del país, en donde en promedio una mujer es asesinada cada 30 horas. Para eso considera imperativo que la Legislatura permita reasignar las partidas presupuestarias necesarias para llevar adelante las políticas públicas que puedan incidir en esta problemática social compleja.

La actual gestión de gobierno decidió jerarquizar el área creando la Secretaria de Estado de Igualdad y Género, la cual se encuentra a cargo de Celia Arena. Sin embargo, el Presupuesto con el que cuenta es anterior a su actual jerarquía y capacidad de intervención. El aumento interanual previsto para el área es del 25,7%, sus programas de atención a la población se actualizan un 20% y para el trabajo con municipios y comuna se asigna un 18,4%, todas cifras muy por debajo de la dinámica inflacionaria.

Para De Ponti, esta jerarquización fue una gran noticia, pero que debe estar acompañada de los recursos necesarios. “Las gestiones anteriores lograron cosas muy importantes y es un piso desde el cual partimos, pero creemos que llego la hora de dar un paso más con la asignación presupuestaria que le corresponde a una secretaria que pretende incidir de manera contundente y con un amplio alcance territorial en estas problemáticas”, explicó.

“Terminar con la violencia de género es una prioridad y el Estado en todos sus niveles tiene la responsabilidad de construir políticas públicas para garantizar una mejor calidad de vida, libre, igualitaria y segura. Trabajar en conjunto con los gobiernos locales es fundamental en este sentido, porque constituyen el primer nivel de atención, la instancia pública más cercana que puede llegar con mayor rapidez y presencia, y garantizar una contención permanente para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad”, aseguró.

Por último, llamó a transformar este compromiso en prácticas concretas y que no queden solamente en expresiones de deseo. “Asumir las demandas relevantes para la sociedad y construir respuestas desde las políticas públicas es una responsabilidad del conjunto del Estado santafesino, también de la Legislatura, donde debemos discutir y alcanzar los consensos posibles que nos pongan en sintonía con esta agenda de necesidades públicas”.