Es la deuda de los contribuyentes santafesinos estimada por las autoridades del organismo. El plazo de adhesión es durante tres meses y hay diferentes planes de pagos.

La ley impositiva 2020 sancionada en diciembre último incluyó una moratoria fiscal con un plazo de adhesión de los contribuyentes morosos de 90 días (pueden llegar a ser 120) y diferentes planes de pagos. El titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Martín Avalos estimó que la deuda en la calle es de 7 mil millones de pesos, especialmente de grandes contribuyentes que presentaron sus respectivas declaraciones de Ingresos Brutos y en el Inmobiliario Urbano mayormente de aquellos propietarios de varias unidades.

“Es una moratoria amplia, abarca todos los impuestos provinciales y las mejoras no declaradas. Prevé una reducción de los intereses sobre deudas y planes de financiación. Contempla además una reducción de sanciones que es del 80% para la generalidad de los incumplimientos materiales y formales y del 50% para los agentes de retención que no depositaron esos montos, siempre y cuando hayan cumplido con los montos retenidos que no van a formar parte de la moratoria” precisó Avalos a El Litoral.

Precisó algunas de las ventajas que tendrá el contribuyente: la primera es la reducción importante de intereses a las deudas establecidas al 30 de noviembre de 2019, que es la fecha de corte estipulada en la ley. Además el beneficio en la forma de calcular los intereses ya que se toma el capital y se aplica el dos por ciento mensual, cuando el interés regular del API es del tres por ciento. También habrá opciones para el pago de la deuda. “Si se decide hacer el pago contado del total de la deuda se hace una reducción de los intereses del 70 por ciento, o se puede optar por financiaciones de 12, 24 o 36 cuotas, también con una quita en los intereses”.

Señaló que “el plan de regularización de deudas arranca este 3 de febrero y se extiende por tres meses, con la posibilidad de que el gobernador pueda, mediante un decreto, prolongarlo por 30 días más”. El trámite se puede hacer tanto en forma presencial en las oficinas de la API o en el portal web de la provincia.

Avalos detalló que la moratoria establecida en la ley “establece tres beneficios puntuales: uno para los cumplidores, que establece una reducción del diez por ciento para aquellos que hayan tenido al día el inmobiliario en los períodos 2017 y 2018; otro para pequeños productores agropecuarios, de hasta 50 hectáreas, la misma reducción, y la general, por adhesión al sistema de pago del débito automático”.

Hora de regularizar

– ¿Por qué se incluyó una moratoria en la ley de actualización tributaria?

– Primero por la situación general de toda la actividad económica y en especial de la ciudadanía. El fisco tiene una inmensa cantidad de deuda que hace que los contribuyentes en vez de tratar de reconducirla, se alejan más del organismo; buscan alternativas para permanecer por debajo del radar de la fiscalidad. Todas estas cuestiones hacen que necesitemos que todos los contribuyentes, con la mayor cantidad de facilidades posibles, pueda volver a tener una vida fiscal normal y racional. La moratoria además de la reducción de intereses y de la posibilidad de refinanciación accesible, establece reducciones de multas. Todo el régimen sancionatorio más los intereses hacen que la deuda se haga una bola por el incumplimiento fiscal que luego es difícil desactivar. Con reducción de sanciones, financiación razonable hace que muchos contribuyentes que quieren cumplir y que por alguna razón se atrasaron y quedaron afuera, puedan incluirse.

– ¿La deuda estimada a cobrar?

– Un análisis nos da una cifra aproximada a los 7 mil millones de pesos. Una parte importante es Inmobiliario pero paradójicamente vemos importantes niveles de incumplimiento en contribuyentes de alta capacidad contributiva. Hoy el cumplimiento del Impuesto Inmobiliario es 60% en Urbano y 69% en el Rural.