La ley prohíbe que, durante los próximos seis meses o mientras dure el estado de excepción de catástrofe, se pueda despedir a los trabajadores bajo la causal de fuerza mayor.

El Congreso chileno aprobó un proyecto de Protección del Empleo impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera para mitigar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, que prohíbe los despidos por fuerza mayor pero habilita las suspensiones temporales con reducción salarial.

La ley, que será promulgada hoy por Piñera, prohíbe que, durante los próximos seis meses o mientras dure el estado de excepción de catástrofe, se pueda despedir a los trabajadores bajo la causal de fuerza mayor.

La medida busca que, en caso que los empleadores vean afectada total o parcialmente su actividad, puedan pactar la suspensión temporal del contrato de trabajo, plazo en que el trabajador accedería al uso del seguro de cesantía.

Según la ley, en el caso de la suspensión temporal del contrato de trabajo, el seguro de cesantía cubrirá el primer mes en un 70% el sueldo, mientras que los meses siguientes será de 55 y 45% respectivamente.

En primera instancia, se usarán los fondos de la cuenta individual por cesantía del trabajador y cuando estos no alcancen, se financiará a través del fondo de cesantía solidario.

La ministra de Trabajo, María José Zaldívar, estuvo presente en el Congreso y mostró su satisfacción por la aprobación de la ley y aclaró que todas aquellas empresas que se vean impedidas para continuar sus actividades debido a la crisis, pueden ser beneficiarías de la medida, aunque le pidió a las grandes empresas que puedan seguir pagando los sueldos, que lo hagan.

La ley que busca flexibilizar el uso del seguro de cesantía por la emergencia que vive el país es la segunda medida económica del gobierno aprobada en el Congreso, luego del Bono Covid-19, que permitirá que cerca de 2,8 millones de personas cobren 50.000 pesos chilenos (60 dólares) por carga familiar.

Esta segunda ley fue aprobada luego de tres trámites legislativos y el paso por la Comisión Mixta y posterior aprobación en cada Cámara, gracias al acuerdo para que el ejecutivo estudie fórmulas para incluir en este beneficio a los trabajadores independientes, que no tienen actualmente acceso al seguro de cesantía.

En medio de la crisis, las Isapres (aseguradoras privadas de salud) informaron que a partir de julio incrementarán en un 4,5% en promedio los planes de salud, lo que generó un repudio transversal tanto de la oposición como del oficialismo.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a medida en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda y la califico como “muy inoportuna” y dijo que tienen que “hacer una reforma integral al sistema de Isapres”.

Desde el 18 de marzo, Chile vive un estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días, decretado por el presidente, debido a la crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus que ya registra 12 muertos y 2.738 contagiados, sumado a una crisis social que se vive desde octubre de 2019.

La emergencia sanitaria llevó a posponer hasta octubre el plebiscito sobre si es necesario elaborar una nueva Constitución, uno de los reclamos surgidos del estallido social vivido en el país el año pasado.