La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad consignó que desde que el Gobierno nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se rechazaron 41 pedidos de arrestos domiciliarios pedidos por condenados en causas de lesa humanidad, y se otorgaron 17 sobre 104 solicitudes formuladas.

Según informó hoy el sitio “Fiscales”, que depende del Ministerio Público Fiscal, hubo además desde el inicio del aislamiento social entre estos pedidos, 19 casos de sentenciados que argumentan como “único motivo la cuestión etaria, mientras que el restante agrega algún tipo de problema de salud”.

Mientras que la Ciudad de Buenos Aires fue la jurisdicción que recibió más pedidos, Mendoza fue en la que más domiciliarias se otorgó, contabilizando nueve casos.

Asimismo, la Procuración indicó que “en la mayoría de las situaciones aún no resueltas los tribunales que deben decidir ordenaron conformar juntas médicas con el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se produzcan nuevos informes, entre otras cosas medidas, o encomendarles nuevos en los casos en las que la junta ya está constituida”.

Por su parte, la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, afirmó que “en una serie de dictámenes emitidos en diversos casos en los que interviene que no corresponde la concesión del beneficio automáticamente por integrar el grupo de riesgo”.

En ese sentido, la funcionaria judicial explicó en una nota publicada por “Fiscales” que el Ministerio Público Fiscal señaló ante varios tribunales que esa “condición no implica que deba buscarse un lugar alternativo para cumplir la detención, ya que actualmente esa institución implementa protocolos acordes a ese grupo poblacional para su resguardo y no hubo reportes de casos sospechosos intramuros”.

Ramos cuestionó los argumentos de que el arresto domiciliario sea más seguro para los detenidos y que de esta forma tendrán una mejor atención médica, ya que bajo esa modalidad sólo podrán recibir atención de urgencia.

“Es que las obras sociales que tiene la mayoría de los reclusos se encuentra con gran parte de los servicios suspendidos y con el resto de las consultas realizándose por correo electrónico”, fundamento.

Además, Ramos destacó que “estando en el domicilio las posibilidades de contagio no se neutralizan, debido al contacto que puede tener el detenido con las personas que lo cuidan y que deben salir a la calle en busca de sus medicamentos y de su comida”.

Por otra parte, ante pedidos formulados por detenidos en la Unidad 34 (Campo de Mayo) Ramos aseguró que “se trata de una unidad que no sufre hacinamiento y está más aislada que las restantes dependencias penitenciarias federales. Los represores allí alojados están bien atendidos, el hospital intramuros funciona adecuadamente y tampoco hubo casos sospechosos reportados.

Por el contrario, en una de las vistas corridas al MPF, la defensa de uno de los condenados “no supo explicar cómo sería la atención, dado que la obra social del imputado del caso (Iofsa) lo único que podría tener garantizada sería una atención de urgencia, pero sin control periódico, ya que así lo informó la propia entidad”.

“El hecho de tener una Obra Social hoy no lo coloca en mejor situación dada la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país”, observó Ramos.