Los reclusos de la cárcel de Boulogne Sur Mer protestan por las condiciones carcelarias en las que se encuentran frente al COVID-19. El amotinamiento duró aproximadamente dos horas y concluyó en paz. En esto momento están realizando una mesa de diálogo para evaluar los reclamos de los detenidos.

 

Dentro de las prisiones a nivel nacional, el miedo a que el coronavirus ingrese es cada día mayor. Después del primer detenido detectado, en la Unidad N°42 de Florencia Varela, con COVID-19, la situación en el interior de los penales se tensó en todo el país. Los presos reclaman morigeración de las penas, que los que están beneficiados con la salida que puedan irse y que liberen a los que se encuentran en grupos de riesgo. El mayor nivel de violencia frente a esta situación se vivió el viernes pasado en el penal de Villa Devoto en la ciudad de Buenos Aires, donde los presos de los cinco módulos que componen la histórica prisión tomaron los techos. Con el rostro tapado agitaban banderas que decían que no se querían morir allí dentro por el virus.

Este lunes, en sintonía con la situación que viene sucediendo en distintos puntos del país, unos cien presos del penal mendocino de Boulogne Sur Mer se subieron hoy por más de dos horas a los techos de un sector de la unidad en reclamo de beneficios ante la pandemia del coronavirus, informaron fuentes oficiales.

Estos detenidos depusieron su actitud esta tarde para luego iniciar un diálogo con las autoridades. “Han pedido que se constituya una mesa de diálogo” y básicamente “lo que piden es la presencia de la Justicia”, indicó a la prensa el director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana.

En ese sentido, el funcionario explicó que se comunicó con autoridades del Poder Judicial para atender esos reclamos mañana. “Hubo unos disparos (por parte de los guardias) que buscaron en un principio controlar la situación y ellos (por los presos) inmediatamente empezaron a reclamar la presencia de alguna autoridad penitenciaria”, relató.

Según Orellana, cuando otras autoridades mantuvieron un dialogo con los reclusos “inmediatamente la situación finalizó, cumplieron con su palabra de bajarse de los techos y no producir daños”.

Por otra parte, un grupo de integrantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura se había presentado esta tarde en el penal para entrevistar a presos que se encuentran en huelga de hambre hace aproximadamente 15 días, a modo de protesta, informaron en un comunicado.

Entre los pedidos, los reclusos manifestaron: celeridad en el otorgamiento de prisiones domiciliarias a personas que integran grupos de riesgo enmarcados en COVID 19; pronta resolución de libertad asistida y condicional; aplicación de protocolos de salud en los complejos penitenciarios y entrega de elementos de limpieza, detallaron desde ese Comité.

“En definitiva, se solicita descomprimir la población carcelaria para garantizar condiciones de salud”, indicaron.

Desde la semana pasada en Boulogne Sur Mer y San Felipe algunos presos iniciaron una huelga de hambre también como medida de protesta, viralizando algunas fotos de ellos con la boca cosida. Además, las mujeres que están alojadas en el servicio penitenciario de El Borbollón también tomaron medidas. Si bien las reclusas no se cosieron los labios, también se plegaron a la protesta que se está llevando adelante en varias cárceles de Argentina. Las presas se taparon la boca en señal de huelga de hambre y realizaron carteles.

Por su parte, los reos colocaron banderas en el patio y pintaron trapos para visibilizar su pedido. Además, se tomaron fotografías con las bocas cosidas y elevaron el pedido por escrito a las autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza. ​

​Los internos indicaron que tienen miedo de que el virus se propague en los complejos penitenciarios que, por el hacinamiento y las “malas condiciones de limpieza” que ya habían planteado, son un lugar propicio para el contagio del Covid-19. Ahora, además de subir a los techos, habrían quemado algunos colchones.

Finalmente, cerca de las 20 los presos depusieron su actitud y se bajaron de las alturas luego de la promesa del director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, de analizar a partir de este martes junto con la Justicia quienes pueden acceder a beneficios.