La Defensoría General de la Nación (DGN) recomendó a sus funcionarios renovar o instar “la agilización de los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro” de los acusados que se encuentran detenidos “en situaciones específicas”, con el objetivo de “reducir el hacinamiento carcelario”.

Así lo indicó la defensora general Stella Maris Martínez en la resolución 398/2020 firmada ayer y que se conoció esta tarde a través de un comunicado de prensa.

Según la defensoría general, esas “situaciones específicas” refieren a presos incluidos en el grupo de riesgo ante el coronavirus y detenidos con prisión preventiva por delitos leves o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo o cuando la duración de la detención cautelar haya superado ostensiblemente los plazos previstos por ley.

También incluye a los condenados por “delitos no violentos que estén próximos a cumplir la pena impuesta; personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, siempre que cumplan con los demás requisitos; y mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas”.

La resolución insiste en “la gravedad que conlleva el hacinamiento carcelario” y que “en el presente contexto de pandemia exige una actuación coordinada de todos quienes son parte en el proceso penal y un esfuerzo conjunto de todas las autoridades públicas, del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso de la Nación y de los órganos jurisdiccionales”.

Las recomendaciones de la DGN están alineadas con las efectuadas el 16 de marzo último por la Cámara Federal de Casación Penal, en las que se fijaron “estándares sobre el derecho a la salud, con particular incidencia en las personas detenidas, quienes son consideradas como grupo vulnerable por las Reglas de Brasilia”, añadió el comunicado.