El Estado-ambulancia que va socorriendo sectores económicos por la profundización de la recesión provocada por el coronavirus y la cuarentena tiene un nuevo herido que atender: el PAMI. La obra social de los jubilados y pensionados arrastra una deuda de $10.400 millones por la compra de medicamentos durante la gestión macrista que incomoda la relación entre el Gobierno y la industria farmacéutica .

Por eso, finalmente será el Tesoro el que se hará cargo de ese pasivo para que el organismo que conduce Luana Volnovich tenga resto para pagar el consumo nuevo y atender sin contratiempos a sus afiliados, adultos mayores, principal población de riesgo en la pandemia.

El PAMI es una entidad autárquica que se financia con los aportes de los trabajadores activos y de los propios jubilados; sus ingresos ya venían golpeados por la caída de la actividad y el empleo, y el avance del Covid-19 terminó de complicar sus ingresos. Volnovich, militante de La Cámpora, arrancó su gestión con un intento de renegociación dura: denunció una deuda de $19.000 millones como herencia macrista (finalmente se determinaría que era menor) y lanzó una oferta que no prosperó: quería pagarle a la industria en 36 cuotas y con una quita del 35%, propuesta que todos los laboratorios, nacionales grandes y pequeños, y extranjeros, rechazaron por “inviable”. Ante la falta de acuerdo, el sector hizo una gestión ante el presidente Alberto Fernández.

Así fue cómo la sangre no llegó al río. La sinuosa relación que han tenido el sector y casi todos los gobiernos se explica por una sencilla razón: más allá de negociaciones siempre ásperas termina imperando la mutua necesidad. Para la industria, el PAMI es la principal fuente de facturación; para el Estado, es vital asegurarse los medicamentos para planes como Remediar o Vivir Mejor, que entregan remedios gratis a jubilados y sectores sociales vulnerables. Por eso, como otras veces en el pasado, el Estado saldrá al rescate del organismo.

El avance de las negociaciones fue confirmado a La Nación por fuentes oficiales y privadas. A mediados de la semana pasada, el jefe de gabinete de Asesores de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, se reunió con el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Cilfa), Eduardo Macchiavello. Allí básicamente abordaron el tema de los protocolos que están aplicando las plantas farmacéuticas, ya que es uno de los sectores industriales que siguió funcionando y no registra contagios de Covid-19, pero la deuda del PAMI volvió a estar sobre la mesa.

Volnovich ya habría girado un informe sobre la situación del PAMI al ministro de Economía, Martín Guzmán. El y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, tendrán un rol clave en el armado del esquema de pago. El sector espera dinero en efectivo, pero no se descarta que una parte se cancele con bonos.

El tema también salió al final del encuentro protocolar que los laboratorios extranjeros mantuvieron con el Presidente en Olivos el 21 de abril. “Vamos a ayudar al PAMI, vamos a honrar la deuda”, dijo Fernández a sus interlocutores, liderados por Flavio Devoto, presidente de la Cámara de Especialidades Medicinales (Caeme), contaron testigos de la reunión.

Pacto silencioso
Las tratativas se encaminaron en una reunión entre Fernández, Volnovich, el ministro de Salud, Ginés González García, y Macchiavello, número uno de Roemmers. En ella el Presidente fue muy directo: “el PAMI no puede pagar la deuda, pero el Estado se va a hacer cargo; lo voy a hablar con Guzmán”. A cambio, pidió al titular de Cilfa extender por tres meses, hasta el 30 de junio próximo, el convenio de provisión de medicamentos con el organismo, que venció el 31 de marzo. La industria local accedió pero obtuvo un ajuste del 6% en los Precios PAMI (más bajos que los del resto del mercado); además asumió un compromiso: congelar, durante ese mismo período, los precios de los remedios. No hubo esta vez, como en ocasiones anteriores, anuncios oficiales. Fue un acuerdo de palabra, silencioso y sujeto a que no se dispare ninguno de los costos de la producción farmacéutica. En el caso de los laboratorios extranjeros, la promesa es más laxa: hubo una “recomendación” de Caeme a sus afiliados para fijar los precios, aunque en esa cámara suelen aclarar que la última palabra la tiene cada empresa. Finalmente, los laboratorios en su conjunto realizaron una donación de $30 millones para los hospitales del Bicentenario.