Nuevos reclamos sobre la resolución 223, donde el ministerio de Educación de la provincia habilitó volver a rendir a los alumnos repitentes. Luego del rechazo de los gremios, maestros de distintas localidades acompañan una petición que reprocha la falta de “debate pedagógico” y que plantea el “empobrecimiento de la calidad educativa”.

El ministerio de Educación provincial informó, semanas atrás, a las escuelas, sobre una serie de cambios en los procesos pedagógicos durante el período sin clases presenciales, como consecuencia del aislamiento preventivo y obligatorio. Las determinaciones generaron el rechazo de parte de los distintos gremios docentes. En particular, fue cuestionada la resolución 223, que modificó el régimen de evaluación en el secundario. En el inciso 2, se dispuso que quienes repitieron en el ciclo anterior llevándose hasta 4 materias, pueden elegir dos de ellas y, en coordinación con la escuela, recuperar el contenido para, de ser aprobados, pasar de año.

Desde el ministerio se explicó que el cambio sobre exámenes de finalización de estudios otorga mayores facilidades para que, en este período excepcional, los alumnos del nivel medio no repitan y, así, evitar una eventual pérdida de motivación escolar. Sin embargo, la resolución no fue bien recibida por la comunidad educativa, que se ha manifestado durante las semanas previas. Incluso, por medio de un comunicado, Amsafe calificó de “unilateral” la implementación de la medida. En este contexto, grupos de docentes redactaron una carta en la que manifiestan “profundo malestar y total repudio” ante la situación descripta.

La petición recibió en el primer día más de 800 firmas de educadores de toda la provincia. Allí, solicitan que se deje sin efecto la disposición ministerial, alegando que “las instancias evaluativas del periodo febrero/marzo se cumplimentaron de forma presencial y con absoluta normalidad en todas las instituciones educativas, dando cierre administrativo al ciclo lectivo 2019”; por lo que el “proceso de evaluación y promoción se efectivizó sin haberse visto perjudicado por el contexto de pandemia”.

“Factores de inviabilidad”

Entre los argumentos expuestos, la solicitud plantea la línea de trabajo que vienen llevando adelante desde las instituciones “sobre la base del conocimiento de las posibilidades del alumnado y sus contextos”. “Las clases nunca cesaron. Directivos, preceptores, administrativos y docentes trabajan incansablemente para garantizar el vínculo pedagógico y la igualdad de oportunidades”, aducen.

En esa línea, advierten la falta de un “debate pedagógico” ante la situación que implica para los mismos repitentes. Dicen que la propuesta “sobrecarga al alumno, exigiéndole que en unos meses apruebe materias del año anterior y se ponga al día con los contenidos del nuevo curso, con nuevos compañeros y en un contexto atípico como es la virtualidad, sin el contacto presencial de alumno-docente. Esto atenta contra una educación de calidad y aporta más frustración y presión a las familias”.

Por otra parte, apuntan que la medida “avasalla los espacios de discusión, consulta y acuerdos de modificaciones a las normativas”, y que “contradice expresamente el decreto 181/09 acerca de cuáles son los requisitos de promoción del estudiantado”. “Es una medida que desnuda la decisión innecesaria de empobrecer la calidad educativa de los estudiantes en este año en que el objetivo está puesto en las nuevas maneras de llegar a las familias y educandos de un modo inédito”, agregan.

Finalmente, se manifiestan sobre el “peligro” del “cambio en los procedimientos” “en medio de circunstancias muy complejas”: “Las escuelas están muy solas en la gestión de esta crisis, asumiendo con total compromiso y vocación de servicio responsabilidades diversificadas, desde la creación e implementación de dispositivos virtuales en tiempo récord hasta la logística para compra, armado y distribución de módulos alimentarios”.