La voz de alerta la dio un empleado municipal de General La Madrid (Buenos Aires), a quien le sacaron $70.000 de su cuenta bancaria . La Justicia del partido bonaerense de Olavarría, la policía bonaerense y la Federal empezaron a investigar y descubrieron que las llamadas telefónicas del engaño provenían de la cárcel de Cruz del Eje , en el noroeste cordobés.

La estrategia no novedosa, pero sí resultó efectiva. Alguien que decía ser contador de la Anses -y que, en realidad, era un recluso del penal cordobés- les ofrecía a los destinatarios de las llamadas acceder a los $10.000 del Ingreso Federal de Emergencia (IFE). Para eso, les decía que tenía una orden de pago de aquel monto paliativo del desfase económico-financiero provocado por la pandemia del coronavirus. Para “verificar los datos”, les pedían el nombre completo y el número de documento. La estafa estaba en marcha.

Una vez convencida la incauta víctima, la hacían ir al cajero con la tarjeta de débito; a través de una nueva llamada telefónica le indicaban que debía hacer algunas “operaciones adicionales”, como cambiar la clave de home banking y obtener la clave Token. Con esos datos en su poder, el estafador tomaba pleno control de las cuentas y las vaciaba. Hacían transferencias a otras cuentas (abiertas a nombre de personas indigentes) y también realizaban solicitudes de préstamos, con lo que, además de dejarlas sin un peso en el banco, a las víctimas las dejaban con una pesada deuda.

Diego Martinelli, jefe del departamento de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba, detalló: Llamaban al azar, informándole a la gente que habían sido acreedores del IFE. Los hacían ir hasta un cajero automático , les hacían ingresar sus datos personales , incluidas las contraseñas, y por medio de sus CBU les vaciaban las cuentas y les hacían tomar préstamos personales de hasta 300.000 pesos”.

Todas las llamadas salían del complejo carcelario Adjutor Andrés Abregú, de Cruz del Eje. El juez de Control y de Faltas Nº 5 de Córdoba, Carlos Lezcano, ordenó siete allanamientos en distintos domicilios y en la cárcel de Cruz del Eje; se secuestraron armas, veinte teléfonos celulares, chips, computadoras, tarjetas de memoria, agendas con anotaciones de cuentas bancarias, 1500 dólares y unos 30.000 pesos..

También hubo operativos en Chaco . Martinelli dijo que allí se secuestraron alrededor de un millón de pesos y se encontraron dos cuentas bancarias con $700.000 cada una, aproximadamente, a nombre de indigentes. Todo ese dinero había sido girado desde Córdoba.

La banda desarticulada estaba integrada por nueve presos y por cómplices afuera -mujeres y hombres con nexos directos con esos reclusos-, quienes se encargaban de retirar de los cajeros automáticos el dinero de las víctimas. Los investigadores entienden que también eran quienes ingresaban de forma clandestina en la cárcel los celulares, chips y cargadores con los que, desde sus celdas, los internos que participaban de la estafa pudieran hacer las llamadas a las víctimas.

Para la Justicia, al menos 16 personas integraban la banda; se analizan imputaciones por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas. Un indigente era siempre el titular de una cuenta corriente en la que le depositaban dinero.