La posibilidad de que la policía tome declaración en el lugar a personas en situación de violencia de género, que se aparte del domicilio al agresor y la convocatoria de personal especializado, son ejes del nuevo protocolo.

La posibilidad de que la policía tome declaración en el lugar a personas en situación de violencia de género, que se aparte del domicilio al agresor y la convocatoria de personal especializado, son ejes del nuevo protocolo presentado hoy, para intervenir en casos de violencias de género en contexto de pandemia.

Se trata de una guía elaborada por los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD); de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad junto con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.

“Estoy convencida que este tipo de políticas intrapoderes unifican los esfuerzos del Estado haciéndolos más efectivos para las víctimas de las violencias”, destacó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

Este protocolo “se realizó para reemplazar los procedimientos usuales de toma de denuncia por violencia de género por parte de organismos especializados para garantizar la salud pública y el acceso a la justicia”, ante el aislamiento por coronavirus, explicó el MMGyD en un comunicado.

En tanto, Mariela Labozzetta, jefa de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) explicó a Télam que “al principio de la pandemia había pocas denuncias por la falta de circulación”, por lo que los distintos organismos comenzaron a reunirse.

“Había que ofrecer alternativas, como fue el WhatsApp que incorporó el Ministerio de Mujeres y otras opciones que fueron surgiendo, como este protocolo que presentamos, con un rol activo de quien toma la denuncia y con perspectiva de género”, añadió la fiscal.

El protocolo cuenta con un instructivo que establece que en los casos en los que el personal policial llegue a un lugar donde se encuentre una persona en situación de violencia de género, como primera medida deberá apartar al agresor del ambiente o espacio físico en el que se encuentre la mujer o persona LGBTI+.

“Se debe evitar el contacto de la víctima con el agresor. En ningún caso podrá estar en el lugar, escuchar ni interferir al momento de tomar la denuncia”, aclara.

A su vez, determina que los agentes de las fuerzas de seguridad no deben tomar una actitud conciliadora ni proponer una mediación con las personas denunciadas, en un ambiente de privacidad que garantice la debida confidencialidad y el respeto por los tiempos de la víctima.

En caso que la persona en situación de violencia lo solicite, se debe autorizar la presencia de alguien de su confianza que la asista y, en la medida de lo posible, propone que sea personal policial femenino quien tome la denuncia.

Por otra parte, el personal policial deberá comunicarse con la Línea 144 o la Línea 137 en los casos de violencia sexual o familiar para que desde esos dispositivos se convoque a los equipos interdisciplinarios disponibles en la localidad que acompañarán a la persona durante la declaración testimonial y evaluar los pasos a seguir para evitar su revictimización.

El 144 y el +54 9 11 5640-8942 son nacionales, en tanto que el 137 funciona en la Ciudad de Buenos Aires, en Chaco (Resistencia) y Misiones (Posadas, Eldorado y Oberá).

Por eso, Labozzetta detalló que “lo que presentamos es un modelo nacional que va a tener que adaptarse o no a cada provincia, según su autonomía y voluntades”.

El protocolo también especifica que se debe privilegiar la declaración espontánea, sin cuestionar los dichos de la persona, teniendo especialmente en cuenta el estado emocional del o la declarante y que se debe evitar emitir opiniones personales o juicios de valor respecto de los hechos denunciados.

“Las partes intervinientes, en todos los casos, deben dirigirse a la persona respetando su identidad de género adoptada y el nombre de pila, aunque sea distinto al consignado en su DNI”, agrega documento.

Tanto el protocolo como el instructivo que contiene tiene especificidades que consideran las distintas realidades de las personas.

Así, incorpora ítems para identificar a personas con discapacidad y considerar si necesita intérprete de lengua de señas.

También si se trata de una persona de un pueblo originario o migrante o refugiada, quienes tendrán la opción de recurrir a un intérprete.

Asimismo, se le consultará a quien denuncie si está obligada a ejercer la prostitución.

Sobre el agresor, entre otras cuestiones, se deberá registrar si pertenece a una fuerza de seguridad, si tiene arma, si tiene antecedentes penales.

Otra consideración es que “se le debe explicar en un lenguaje claro -a la víctima- que se le formularán diversas preguntas para que brinde detalles sobre la agresión padecida, ya que esto es fundamental para determinar si se cometió un delito y poder investigar el hecho” e informarle además “con vocabulario sencillo” todo el proceso y las posibilidades de acceder a asistencia psicológica, médica u otros recursos de la comunidad.