La Jefa del Servicio Público provincial de Defensa Penal se refirió a la necesidad de poner en práctica el principio de proporcionalidad en relación a la violación del aislamiento y opinó sobre la polémica generada por la detención de personas en comisarías.

La Defensora General dejó claro que las dependencias que son de la policía no son lugares donde deben permanecer personas detenidas, para eso están las dependencias penitenciarias, que tienen otra lógica. En los ámbitos policiales sólo se encierra a los detenidos.

Balangione relató que ayer sacaron una resolución para Santa Fe que es donde está el problema en las comisarías de los barrios, que están atiborradas de gente con el doble o triple de su capacidad colmada, y a lo que ahora se suma el tema de la pandemia.

En la comisaria hay dos tipos de detenidos: el que permanece ahí por una aprehensión entre 8 y 10 horas y luego debería pasar a otro lugar, y los que quedan detenidos. Por eso dijo, estamos de acuerdo con la disposición de no seguir derivando gente a las comisarías. Y ahora se le suman a los que violan la cuarentena”.

“Hoy está cayendo un delito sobre una persona que sale a dar una vuelta, a caminar . Hay un principio de la proporcionalidad por un lado los derechos humanos entre ellos la libertad de circulación y por otro garantizar el bien común que es la salud, que es necesario aplicar”, reflexionó Balangione.

“Está previsto en el decreto presidencial, para personas que sean quienes contagien, pero si una persona no contagia y le confiscan el auto igual que a un narcotraficante, hay una criminalización del acto”.

La Jefa de los defensores explicó que “el valor del bien público protegido como es la salud amerita las medidas pero no la criminalización, es necesario aplicar criterios de proporcionalidad ante los hechos”.

“Hoy hay 25 mil causas, delitos de peligro abstracto, que es inconstitucional, porque tiene que ver con poner un freno al poder punitivo del Estado. Esas 25 mil causas se están llevando el 90 por ciento del financiamiento del sistema penal”.

“Esta normativa, con estas 25 mil causas, nos ha llevado a trabajar un criterio común para los defensores y un registro común, para evitar violencia institucional y cohecho” agregó.