Hace 5 años que esta fecha, 3 de junio, comienza a formar parte del calendario de las demandas que tienen que ver, básicamente, con los derechos humanos”, reflexiona la diputada provincial Lucila De Ponti, integrante del bloque del Frente de Todos.

“Porque con Ni una Menos lo que se está pidiendo es que termine la violencia que vivimos mujeres y diversidad, y esto tiene que ver con el derecho a la vida”, sintetiza en diálogo con este diario.

– Cinco años después, ¿cuál es el reclamo?

– Si bien se está avanzando en materia de género, siempre la principal demanda es que el Estado empiece a desarrollar políticas públicas más contundentes y efectivas para prevenir y erradicar la violencia que causa tantas muertes por año. Tenemos una estadística de un femicidio por día en la Argentina y esa cifra se mantiene desde hace mucho tiempo.

En paralelo con el proceso de movilización y manifestación muy fuerte que ha ido creciendo y se ha vuelto más activo, el tema de la violencia de género se ha instalado en la agenda social, mediática y pública. Por otra parte vemos que falta consolidar herramientas del Estado para intervenir en estas situaciones. Esta sigue siendo la principal exigencia.

– En un contexto en que la violencia de género se visibiliza y se mide en estadísticas, y cuando ya se reglamentó en todo el país la Ley Micaela, ¿cómo se lograría esa consolidación de políticas del Estado? ¿Qué es lo que falta?

– Creo que falta más contundencia en esas políticas. Estamos en un proceso en el cual hemos iniciado un camino, se han hecho cosas. Incluso este año, con el nuevo gobierno nacional y el nuevo gobierno provincial, se crearon y jerarquizaron las instancias para desarrollar estas políticas: a nivel nacional se creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en la provincia, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género. Un aspecto fundamental es aumentar de manera considerable la cantidad de recursos presupuestarios que se destinan a estas políticas, lo que va a permitir que su despliegue territorial y su alcance social sea mucho mayor. Por un lado tenemos políticas de transformación cultural que tienen que ver con el largo plazo, como la Ley Micaela, cambios en educación y otras cuestiones que van transformando una cultura machista en otra que deje de serlo. Por otra parte tenemos las políticas más inmediatas que son aquellas destinadas a intervenir en casos de posible peligrosidad o peligrosidad manifiesta para las mujeres. Allí es donde se necesita un mayor despliegue de recursos que permita a esas instancias del Estado -ya creadas- llegar cuando una mujer manifiesta una situación o hace una denuncia, realizar el proceso de acompañamiento posterior en el marco de la causa judicial, contener a esa mujer y darle una posible salida alternativa que la aparte del contexto de violencia. Esto involucra autonomía económica, trabajo, una vivienda y otras intervenciones que están en la planificación de las políticas de Estado.

– El nuevo protocolo que presentó la semana pasada el Ministerio de Mujeres de la Nación acerca de que las denuncias por violencia se pueden tomar en el mismo domicilio de las víctimas es un avance importante.

– Sí, sobre todo en cuarentena se ha trabajado muchísimo en garantizar a las mujeres que las vías para realizar estas denuncias y vincularse con las instituciones se multipliquen y sean abiertas La cuarentena, que cambió algunas metodologías de trabajo y formas de vida, requirió también que se modifiquen algunas modalidades para denunciar. Por eso se habilitó la posibilidad de hacerlo desde la casa de la víctima, vía mail o por whatsapp para vincularse al Estado a través de distintos mecanismos.

– Desde el Poder Legislativo, ¿cuál puede ser el aporte para que se produzca un cambio significativo en materia de género?

– Hay muchas acciones que venimos desarrollando desde los distintos sectores porque es un tema que atraviesa al conjunto político, a cada uno desde su mirada. Hay muchas cosas que se hicieron: la Ley Micaela es fundamental en términos de dar una respuesta. El Congreso Nacional aprobó hace años la ley sobre prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres (Nº 26.485). Pero hay que seguir avanzando.

En el caso de Santa Fe, impulsamos la creación de un cuerpo de promotoras territoriales que trabaje casa por casa en la difusión de derechos de género; también pedimos que las mujeres en contexto de violencia tengan prioridad en el acceso a viviendas de planes desarrollados por el Estado. Por otra parte, durante la cuarentena se hizo más visible que las tareas del hogar y de cuidado son asumidas, en general, por las mujeres y reducen el tiempo disponible para estudiar, trabajar y realizar otro proyecto de vida, lo cual afecta la autonomía económica. El Estado puede tener parte en procurar que las tareas sean distribuidas de manera más equitativa.

Todas las propuestas son válidas, pero habrá que trabajar de manera transversal y acompañar al Poder Ejecutivo para que profundice el camino que ya se ha iniciado.

– Está claro que en el compromiso con los temas de género no hay vuelta atrás.

– Argentina ha vivido un proceso de transformación social y cultural muy grande vinculado a la problemática de género, con movilizaciones muy importantes y una fuerte participación generacional de chicas más jóvenes; el tema se ha puesto en agenda no solo en la política y las instituciones sino también en todos los ámbitos de nuestra vida, como la escuela, las familias y los ámbitos en que socializamos. Este tema forma parte de la discusión y eso hace que el Estado no pueda volver atrás: está condicionado por un fuerte proceso de movilización social; y quienes están conduciendo el Estado nacional y el provincial y muchos de los municipios están avanzando en este sentido. Falta contundencia, pero va a venir con el tiempo.

Todas las propuestas son válidas, pero habrá que trabajar de manera transversal y acompañar al Poder Ejecutivo para que profundice el camino que ya se ha iniciado”. Lucila De Ponti, Diputada provincial.