Es la sexta empresa del sector y tiene una deuda total de USD 1.350 millones. El “rescate” tiene tres objetivos: pago de deudas, renegociación con los bancos y estabilidad laboral.

El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino a de la exportadora de cereales Vicentín, en el contexto de un proyecto dinamizador de alimentos. Y también anunció que pretende expropiar sus activos mediante una ley que enviará al Congreso. De esos activos se haría cargo YPF Agro, dijo Fernández.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúa funcionando y sus trabajadores tenga la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismos que los productores que le venden loque producen”, aseguró el Presidente y aseguró que se declarará a la empresa de interés público.

La administración pública nacional tomaría el control de, 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.

Gabriel Delgado, un economista del INTA de mucha confianza de Fernández, es el interventor en la compañía. Es un ex secretario de Agricultura que sonó para ser ministro casi hasta último momento en el que fue elegido Luis Basterra.

Según pudo saber Infobae, el “rescate” de Vicentin tiene tres objetivos: la recuperación y pago de deudas a productores de interior, renegociacion con los bancos acreedores y paz social y estabilidad laboral con gremios. Ese ese sentido, el Ejecutivo también podría impulsar leyes destinadas al aumento de la producción agrícola, incentivos a la exportación de proteínas para humanos y fomento de la biotecnología.

La medida había sido pedida por un grupo de funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. Hace una semana Claudio Lozano, director del Banco Nación; Victoria Donda, titular del Inadi; y Pino Solanas, embajador ante la Unesco encabezaron una carta en donde pedían la nacionalización de la empresa frente a la posibilidad de que las “maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por el grupo empresario contra la banca pública, productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción.

Aún en concurso de acreedores, la compañía continua siendo una de las mayores agroexportadoras. Un trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) presentado en marzo muestra que se encuentra en el puesto número seis, con 8,4 millones de toneladas exportados o un 9% del total de ventas externas agroindustriales.

“Una empresa es los dueños, por más concursada que esté. Esto es todo muy raro”, aseguró una fuente cercana a la empresa, antes del anuncio y antes los rumores que surgieron a primera hora de la tarde. “Los cuatro o cinco ejecutivos importantes de la empresa no sabían nada de nada de esto. La deuda es de USD 1.350 millones, el Banco Nación tiene USD 350 millones, algo parecido de los productores agropecuarios y el resto en bancos privados. La línea de crédito con el Nación tiene 50 años, no fue un préstamo: en los últimos años fue del 5-6% de la facturación, pero la devaluación y el dólar complicaron todo”.

“Hoy, la fábrica más importante, la que tiene puerto de exportación, la de San Lorenzo, está trabajando con algunos productores a mitad de la capacidad. La idea era que funcione hasta que hubiera novedades con futuros accionistas, que había propuestas presentadas”, agregaron.

Además, Vicentin es socio de la multinacional suiza Glencore en Renova, una empresa productora de biodiésel. Hasta diciembre de 2019, ambas participaban en la firma en partes iguales, pero luego Glencore adquirió un 16,7% adicional y ahora controla dos tercios de las acciones.