Luego de anunciar la intervención y su deseo de expropiar Vicentin, el Gobierno comenzó una negociación más dialoguista buscando que la justicia avale el proceso. 

El lunes en una conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández manifestó que enviará un proyecto de ley al Congreso para expropiar la compañía agroexportadora. No obstante, desde el ámbito jurídico advirtieron que violaba la independencia de poderes, ya que al estar en concurso de acreedores hay un juez a cargo de la causa y es a él a quien le compete decidir la intervención.

Esto se suma a la reacción popular posterior al anuncio: cientos de personas salieron a protestar contra la intervención, principalmente en Avellaneda y Reconquista, las dos ciudades santafesinas que tienen su vida económica marcada por Vicentin.

Este panorama aleja las chances de un desembarco hostil en la cerealera. Incluso fuentes del sector aseguran que la expropiación podría mutar en un salvataje consensuado de la empresa en el que la asociación con YPF Agro sea una pieza central.

Para avanzar en estas posibilidades, Alberto Fernández habló por teléfono con Sergio Nardelli, el CEO de la empresa, y lo invitó a que lo visite este jueves en Olivos.

Otro elemento de peso para bajar el tono del conflicto fue la reacción negativa de los mercados. El martes los bonos y las acciones argentinas cortaron el rally positivo que traían ante las perspectivas de llegar a un acuerdo por la deuda. Con las puntas de la negociación todavía abiertas tensar la cuerda por la expropiación no parecía el camino más acertado.

A esta línea dialoguista se le sumaron otras jugadas de fondo destinadas a allanar el camino judicial. La decisiva fue encarada por el Banco Nación, el principal acreedor de Vicentin. Los abogados del banco presentaron un escrito ante el juzgado Civil y Comercial número 2 de Reconquista, a cargo de Sergio Lorenzini, en el que apoyan la designación de los interventores.

A su vez, Vicentin hizo su aporte a una solución “amigable” a través de un comunicado en el que en lugar de cuestionar la intervención le pide al juez que tome parte en ella. “La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el decreto 522/2020 a fin de que con la insoslayable participación del Juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta”.