Con la abstención de solo uno de los 19 senadores se votó un texto que subraya que la solución proviene “del diálogo”. Se discutió antes de la sesión, mientras sucedía el encuentro de la empresa con el presidente Alberto Fernández en Buenos Aires.

“Entendiendo que el diálogo es la vía más eficaz para obtener el rescate de una empresa pionera del interior del país”, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó una declaración en la que “respalda y acompaña” la participación del gobernador de la provincia en “las tratativas entre el gobierno nacional y la empresa Vicentin SAIC” en el marco de “la búsqueda de una salida que garantice los derechos de los trabajadores, las fuentes de empleo, los intereses de los productores, los derechos de propiedad en el marco establecido por la Constitución Nacional, preservar el régimen republicano y asegurando la participación federal”, dice textualmente la versión acordada entre el oficialismo mayoritario del PJ y la oposición radical.

Sólo uno de los senadores, Hugo Rasetto (UCR-Iriondo) que fue electo por Cambiemos, se abstuvo de votar el texto que todos los demás senadores presentes (hubo varios ausentes) votaron al cierre de esta edición sobre tablas.

La minuta, que fija la posición política de la Cámara es lo suficientemente amplia para conformar a las dos posiciones dominantes en el Senado, que provienen de una parte del justicialismo y de la declaración que fijó la UCR a nivel provincial.

Si bien todos los firmantes resignaron posiciones belicosas en el texto, ninguno encontró que hubiera allí algo inaceptable para su forma de ver el conflicto.

La sesión del Senado no aprobó proyectos de ley relevantes a nivel provincial y se prorrogaron las preferencias para el tratamiento de la ley de adhesión a la reforma sobre las ART, lo mismo que el proyecto de ley de moratoria que tiene media sanción de Diputados.

Durante el momento de los homenajes y las manifestaciones, Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) habló de lo que significa Vicentin en Avellaneda, explicó el por qué de las manifestaciones masivas en el norte y entre otros elementos y datos que comprendieron 90 años de la compañía, graficó: en el norte no hay familia que no tenga uno de sus integrantes que no haya trabajado en esa empresa.

Para comparar lo que ha significado el anuncio del gobierno nacional de expropiar la empresa (luego relativizado) el senador habló de la inundación del “martes 13 de abril de 1998 cuando se precipitaron 1.300 milímetros y se cortó la ruta 11”, de la explosión de la Convertibilidad cuando “todo lo que costaba un peso pasó a costar más de tres” y de otras crisis nacionales que dejaron en mal estado el ánimo de los norteños.

Marcón fue del período fundacional de la firma en 1929 al momento de la crisis y destacó que todo el capital de esa empresa “está invertido en bienes para la producción, no para la especulación”, aseguró.

Destacó que la familia fundadora ejerció una suerte de responsabilidad social empresaria mucho antes de que se creara esa expresión, al enumerar las obras a favor de sus empleados, de la comunidad y los beneficios de la actividad productiva de la aceitera.

Expresó que el progreso proviene “del esfuerzo entre lo público y lo privado” y pidió que exista “entre quienes formamos parte de la dirigencia política y de la conducción empresarial” diálogo para que la empresa continúe con su labor, sin expropiación.

Reclamo

Aunque con extremo cuidado por las investiduras del presidente y del gobernador, Marcón fue bastante más duro que la declaración acordada por la Cámara. Dijo que si “en 90 años” la firma pudo crecer y producir beneficios a la región “no hay por qué pensar que ahora no pretenda continuarlos”.

Tras destacar que todas sus inversiones han sido “al servicio de la producción” recordó que la empresa brindó préstamos a sus obreros “para que puedan tener su casa o su primer auto”, entre otras acciones décadas atrás. Habló del barrio Don Pedro, en Avellaneda hecho un predio comprado por la compañía para 300 de trabajadores, y de emprendimientos sociales en el sur santafesino auspiciados por Vicentin.

Dijo que los accionistas “buscan con el concurso preventivo la refinanciación de sus deudas, que no desconocen y quieren honrar”, expresó.

“Las manifestaciones de vecinos de la región de Avellaneda y Reconquista ante la posibilidad de que la firma pase a manos estatales obedece al sentido de pertenencia de una empresa que dio empleo a miles de personas por tres generaciones”.

Dijo que en el norte “un día nos cansamos y salimos todos a bancar el pito de la fábrica en año nuevo, la propiedad privada, el Grito de Alcorta, que es hoy el grito de Avellaneda”.

“Entendemos que se debe respetar el orden institucional y lo respetamos: el gobernador de la provincia se ha ocupado y está en Buenos Aires con directivos de la empresa tratando de buscar una salida, pero los rumores de una probable estatización generaron la reacción popular masiva que quiere mantener una fuente de trabajo de miles”.