La Cancillería informó hoy que son dos los argentinos víctimas de explotación sexual -uno mayor y otro menor de edad- del total de siete jóvenes liberados ayer por la Guardia Civil española en la provincia de Cádiz.

Efectivos del Equipo de Delitos contra las Personas de Cádiz llevaron a cabo ayer un allanamiento que logró la liberación de siete jóvenes sudamericanos de entre 17 y 20 años, que estaban siendo víctimas de trata de personas.

Las autoridades españolas dispusieron recursos de distintas administraciones en materia psicológica, sanitaria y social para las víctimas que, según confirmó hoy la Cancillería, dos de ellas “son argentinas, uno es menor de edad”.

La Guardia Civil española indicó en un comunicado que este operativo, denominado “Promises”, logró desarticular una organización “dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la detención de tres personas”.

Según se desprende de la investigación, la organización delictiva enviaba sus captores a diferentes países de Sudamérica para reclutar jóvenes “en buena forma física y una vez contactados, les prometían un futuro de éxito cuando llegaran a España, siempre relacionado con las profesiones que tenían en sus lugares de origen”.

“Para evitar sospechas” se les pedía a los jóvenes que costearan ellos mismos sus pasajes a España “con el compromiso de que recuperarían el importe muy rápido con los trabajos que harían en el país europeo”, precisó el comunicado.

Una vez en Europa, la organización los recogía en el aeropuerto y los trasladaba hasta la localidad de Prado del Rey, un pueblo de 5.700 habitantes en la provincia de Cádiz, donde les retenían su documentación y les quitaban el dinero que portaban para controlarlos en todo momento.

Para facilitar ese control sobre sus víctimas, los mantenían hacinados en una vivienda, casi en la indigencia y solo les permitía relacionarse entre ellos, con lo que en ocasiones tuvieron que mendigar para subsistir.

Ante esta situación, la alternativa que la organización les ofrecía era participar en un chat de contactos homosexuales, gestionado y controlado por el líder de la banda.

Los encuentros sexuales se producían en distintas localidades de Cádiz, a donde “el tratante llevaba a la víctima, permanecía en las inmediaciones hasta que el encuentro terminaba y requisaba el importe pagado”, de acuerdo al reporte oficial.

Una vez que la víctima había participado en alguno de estos encuentros, era amenazada con trasladar esta información a sus familiares en Sudamérica, consolidando la posición de dominio y abuso de situación de superioridad.