Rubén Michlig señaló entre los objetivos la vuelta a clases y a la normalidad en la administración pública. Buena experiencia en el trabajo a distancia.

En la semana, el gobierno provincial informará la fecha del pago de la primera parte del Sueldo Anual Complementario para los agentes del estado y desde julio se sentará en la mesa con los gremios estatales a discutir salarios, confirmó el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig quien también planteó como desafío la vuelta a la normalidad en la prestación de servicios por parte del Estado. “Así como hablamos de normalidad posible en términos sanitarios, hablamos de la paritaria posible”, le dijo a El Litoral.

– ¿Después del pago del aguinaldo abrirán la discusión paritaria?

– Hubo un acuerdo fallido con los gremios que no tiene sentido repasar ahora, después vino la pandemia e hizo imposible cualquier discusión salarial. Quedó claro durante la pandemia que la prioridad la tenía el sostenimiento de los salarios tal como estaban, el sostenimiento del sistema de salud, de la educación a distancia y también el apoyo al sostenimiento de algún modo de la actividad privada. Cuando en la actividad privada había problemas para pagar salarios, el Estado pagó aún en los valores de la antigua paritaria. Eso tiene un punto máximo de crisis que fue mayo con una caída del 25% de la recaudación en términos reales. Es de esperar que en función del crecimiento del nivel de actividad económico podamos tener a partir de julio y agosto un nivel de recaudación más razonable. Una fuerte contradicción del gasto más la obra pública en niveles bajos por la discusión con contratistas, hace que en julio vamos a discutir la paritaria posible. Así como hablamos de la normalidad posible en términos sanitarios, hablamos de la paritaria posible, en términos mucho más difíciles que los de marzo. Queda claro que la discusión hay que darla, hubo una pérdida importante del salario real que habrá que ajustarlo a la realidad de la provincia haciendo un gran esfuerzo de parte de las arcas estatales.

– Si se mantiene aplanada la curva de contagios habrá otros desafíos…

– Hay un desafío de poner al Estado en actividad plena en los próximos meses, tanto en la administración central como en el sistema educativo. En el sistema educativo, el volver a clases en un programa que estamos formulando y tendrá un costo operativo y económico importante. Es imposible pensar en volver a clases sin la participación de los gremios docentes y no docentes. El esfuerzo será directo y conjunto de directores, maestros, porteros, de los gremios, de la sociedad entendiendo la problemática. Será un esquema totalmente nuevo de escuela. A su vez implicará un protocolo de cuidados sanitarios que se está estudiando con toda la complejidad que tiene.

– ¿Qué porcentaje de trabajadores estatales está prestando servicios hoy?

– Ya estamos arriba del 50%. A medida que fuimos avanzando en las fases de salida del aislamiento cuando se curva se fue aplanando hubo más confianza de la gente para salir y volver a trabajar. Toda la extensa discusión sobre la obra pública y ahora el reinicio hizo que esa parte de la administración funcionara a pleno. Hay áreas del Estado que funcionaron siempre a pleno como Salud, Desarrollo Social, Seguridad. Otras trabajan con turnos previos, etc
Hasta el 28 de junio sostendremos esta situación pero en la medida que podamos ampliaremos la actividad. Hemos tenido buena respuesta del trabajo a distancia, se avanzó mucho. La modalidad llegó para quedarse y debemos avanzar más. Hemos hecho inversiones, capacitaciones, se ha probado la posibilidad de hacerlo y hubo menos dificultades que en la educación a distancia con todos los inconvenientes que hay de conectividad. El trabajo a distancia en el Estado está funcionando. Administración y áreas de tecnología han funcionando y bien en esta pandemia; deja un aprendizaje importante y con mucho desarrollo a futuro. Las modalidades de trabajo van a cambiar, habrá que pensar en cuestiones incluso escalafonarias. En esta etapa, muchos agentes han sido requeridos a prestar funciones.En tanto, queda un grupo de personal -en situación de riesgo- que no volverá en las próximas semanas, más -mientras no haya clases- los padres con chicos en edad escolar.

Jardines maternales

El secretario de Educación, Víctor Debloc, admitió que “desde el Ministerio de Educación se comprende la dificultad laboral y productiva que atraviesan todos los trabajadores de las guarderías, jardines maternales y centros de cuidado infantil. Estas instituciones dependen de habilitaciones municipales o comunales y no son servicios autorizados o incorporados por el Ministerio de Educación. No obstante, son entidades santafesinas donde trabajan santafesinos y por ello se está buscando que el Programa de Asistencia Financiera del Estado provincial pueda ofrecerles soluciones financieras y económicas”. Recordó que los jardines maternales dependen de la ley nacional de Educación y por ende es Nación quien tiene que habilitar su funcionamiento. No obstante, la provincia está trabajando en la temática.

Debloc aclaró que “la crisis sanitaria provoca consecuencias que todos padecemos, por ello hay que tener en cuenta que los epidemiólogos y especialistas, tanto en Nación como en la provincia, son los que definen las aperturas o no. La provincia está trabajando junto a las autoridades nacionales para buscar las alternativas que permitan algún tipo de excepción para habilitar a este sector”.

Diputados

La actividad de la semana en la Cámara de Diputados se iniciará este martes en una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería que preside Marcelo González (UCR). La comisión se reunirá de manera virtual con Carsfe, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Federación Agraria Argentina por las situaciones de vandalismo en zonas rurales. Robos a establecimientos, robo y faenamiento de ganado y rotura de silos bolsas son los temas principales que expondrán los dirigentes agropecuarios.

Gremios y ley Micaela

La diputada nacional Patricia Mounier presentó un proyecto de resolución para invitar a las centrales de trabajadores a adherir a la Ley Micaela N° 27.499 e incentivar la capacitación sobre violencia de género en las organizaciones gremiales.

“Aún existe una injusta diferencia de participación entre hombres y mujeres en todos los espacios de decisión y, también, en los ámbitos sindicales, ya sea por las funciones que cumplen o por los cargos que ocupan. Se nos exige demostrar la capacidad e idoneidad para ocuparlos. Necesitamos trabajar para que haya más mujeres y disidencias en los lugares de toma de decisiones y para que no sea un recorrido difícil a la hora de acceder a esos espacios” señaló Mounier.

Para Mounier existen pocos antecedentes de capacitación gremial en la materia por lo que la iniciativa se vuelve fundamental para garantizar una igualdad de género real en el acceso a los cargos, en el marco de un contexto donde la violencia machista no cesa.