Integran la Red de Vecinales por la Seguridad de la ciudad. Además de los hechos delictivos que no ceden -indicó una de sus referentes- las ocupaciones ilegales de viviendas ya se están produciendo en barrios del macrocentro.

Este martes se reunieron los referentes de la Red de Vecinales por la Seguridad de la ciudad, grupo que nuclea a unas 35 entidades, para hacer un diagnóstico de situación sobre los focos de inseguridad que hay hoy en los barrios. Pero además, lo que preocupa ahora son las numerosas usurpaciones de viviendas en distintos barrios santafesinos, ya no alejados (del norte, por citar un ejemplo), sino también de macrocentro.

Los vecinos organizados actuaron a tiempo: “Días atrás se intentó hacer una usurpación de una vivienda en Urquiza al 4400”, le dijo a El Litoral Susana Spizzamiglio, una de las referentes de la Red. “Estamos exigiendo a las autoridades provinciales y municipales un protocolo para actuar en estos casos. Esto es para que los vecinos sepan cómo deben actuar, para evitar que esto sea un verdadero desorden. No estamos en contra de las personas que necesitan una vivienda digna, pero cada usurpación es un acto ilícito, y también aparecen las ‘avivadas’ de algunos”, dijo la vecinalista.

Sobre este último punto citó el caso de un particular que edificó, en barrio Candioti norte, una casa de dos pisos, “porque tenía los medios económicos y terminó usurpando terrenos fiscales en la zona del ferrocarril”. Los vecinalistas vienen siguiendo con atención otros casos de usurpaciones, como por ejemplo la del barrio El Pozo, que se dirimió a los tiros. “Las apropiaciones ilegales traen más inseguridad y malestar en la gente no sabe cómo actuar: por eso pedimos el protocolo vía formal y por carta (ver más abajo)”, añadió Spizzamiglio.

E insistió en que la gente no sabe cómo proceder ante una ocupación ilegal: “Tampoco está todo claro dónde terminan las competencias del gobierno municipal, y dónde empiezan las del gobierno provincial. Este es el motivo de la nota presentada”, añadió.

En la reunión de los vecinalistas se trataron dos puntos: además de las usurpaciones ilegales, la situación actual de inseguridad que no cesa. “Sólo por contar algunos episodios, días atrás se registró la quema de un automóvil nuevo en calle San Jerónimo y Quintana; tuvimos robos de luces, y varios delincuentes merodeando sobre los techos de las casas en Facundo Zuviría al 4400”, indicó la referente.

La nota presentada

En una carta formal remitida tanto al gobernador Omar Perotti como al intendente Emilio Jatón, firmada por directivos de las vecinales Guadalupe Noreste; Villa Setúbal, Siete jefes, Candioti norte; Fomento 9 de Julio; Gral. Alvear y Candioti sud —todas integrantes de la Red de Vecinales por Seguridad), hicieron saber “su profundo malestar” por la intrusión de viviendas, usurpación de terrenos fiscales y privados, asentamiento de precarias viviendas en el antiguo lecho del río Salado y en la red de canales de la Laguna de Guadalupe, en el Parque Tecnológico (área Conicet), y en sectores de El Pozo, entre otros.

“La cuestión no solamente preocupa a las vecinales reclamantes, sino que puede verificarse que también involucran a sectores de los barrios Schneider, Scarafia, Villa Oculta, Barranquitas (entre otras) con idéntica problemática”, dice la nota. Estas actividades “han adquirido una preocupante aceleración, multiplicándose los sectores usurpados y que, además, pasan de construcciones de tipo precario a estructuras de mampostería y hasta con planta superior”.

Las tierras fiscales en el ejido municipal “constituyen la reserva natural para las futuras urbanizaciones, relevamientos, espacios verdes, avenidas, calles, iluminación, desagües, cloacas, gas. Deben ofrecer seguridad para los ciudadanos que las habiten que conlleven al desarrollo humano en plenitud y conforme a lineamentos debidamente sustentados, planificados y organizados”, recuerdan.

“Pícaros e inescrupulosos”

“Se deben advertir las acciones de los pícaros e inescrupulosos en buena condición económica que ante la desidia del Estado se aprovechan para aumentar los metros cuadrados de sus viviendas, para hacer cocheras, construcciones en doble altura -etcétera- en espacios usurpados, que nunca registran ni tampoco pagan impuestos por ello hasta que alguna moratoria lo regule. No se debe admitir que el delito, como lo son este tipo de intervenciones, imponga las reglas de juego”, subrayan los vecinalistas en la misiva.

Finalmente, reclaman a los tres niveles del Estado (incluido el nacional) que “de manera imperiosa se gestionen, estudien, planifiquen, desarrollen y apliquen políticas adecuadas y racionales de urbanismo sobre la totalidad de terrenos fiscales sin uso ni ocupación lícita efectiva existentes en la ciudad”. En tal sentido, “solicitamos se efectúe en principio un relevamiento cuanti y cualitativo de los inmuebles fiscales, para posteriormente articular con las jurisdicciones provinciales y nacionales a fin de consensuar proyectos de urbanización y aprovechamiento integral de éstos”.