Organizaciones que defienden a inquilinos y representantes del rubro inmobiliario elaboraron una serie de puntos para evitar “zonas grises” en la aplicación de la ley. A partir de su aprobación se triplicaron las consultas de locatarios por aumentos abusivos en rentas mensuales.

Representantes de diversos sectores relacionados al mercado inmobiliario unificaron criterios sobre los puntos más sensibles de la nueva ley de alquileres. Se trata de un acuerdo de veinte puntos que presentarán ante el municipio este viernes y con el que pretenden esclarecer cuáles son los derechos que le corresponden a los inquilinos a partir del 1 de julio.

Según indicaron desde la Concejalía Popular, a partir de la aprobación de la ley se triplicaron las denuncias por incumplimiento de parte de las inmobiliarias. En su mayoría tienen que ver con aumentos abusivos sobre el valor inicial de los alquileres, incluso en caso donde existía una reserva previa.

Entre los ítems dejarán en claro qué derechos le corresponde al inquilino con la implementación de la ley. Para evitar interpretaciones, establecen pautas precisas sobre: duración del contrato, implementación del índice de ajuste anual, valor de las comisiones y pago de impuestos.

Si bien la ley ya fue aprobada por el Congreso de la Nación y publicada en el Boletín Oficial, en la ciudad se registraron incumplimientos. Entre los impulsores buscarán sentar un modelo para todo el país y generar un instituto de mediación entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

La iniciativa tuvo el aporte de actores inherentes al tema alquileres. Entre ellos están: Concejalía Popular, Colegio de Abogados, Defensoría del Pueblo de la provincia, Oficina de Defensa al consumidor y el Colegio de Corredores Inmobiliario Rosario.

Evitar grises
En diálogo con El Ciudadano, el referente de Concejalía Popular, Nire Roldán, explicó: “El acuerdo tiene veinte puntos donde se confirman que desde el 1 de julio no puede haber contrato con la ley anterior”.

Una de las primeras cuestiones que buscan evitar, es que en la transición hacia la nueva ley, los inquilinos sufran aumentos en el valor con el que señaron un contrato previo a la publicación en el Boletín Oficial.

Algunas operaciones comenzaron previo a la sanción de la ley y se concretaron luego de la promulgación. Desde Concejalía indicaron que en ese proceso existieron denuncias por aumentos de hasta el 40%.

De hecho, una vez que fue aprobada la nueva ley de alquileres, las denuncias se triplicaron.  “Recibíamos cincuenta casos semanales, ahora ciento cincuenta, sobre todo en relación a aumentos en alquileres”, manifestó Roldán.

Ingreso
El acuerdo también busca evitar abusos a la hora del ingreso a la propiedad. En ese sentido exigen que la comisión inmobiliaria tenga relación con los tres años de contrato y que pueda abonarse hasta en tres cuotas.

Otro punto discutible tiene que ver con el sellado. El pedido tiene que ver con un valor “progresivo” y “segmentado”.

Actualmente se cobra el 0,8% del valor total del contrato. El acuerdo solicita que el sellado no se cobre a quienes comienzan pagando hasta 10 mil pesos por mes, y que de ese monto en adelante se segmente el cobro.

Ajustes e impuestos
Otra de las cuestiones que resaltaron tiene que ver con el ajuste de alquiler a partir del segundo año de contrato. En el texto pedirán “cumplir a rajatabla” con el índice que dará a conocer el Banco Central conforme a la evolución de salarios e inflación.

Para este punto piden tener en cuenta el modo en que se aplicará el indicador. Con esto refieren a que si un inquilino tiene que renovar el 1 de enero de 2021, se le aplicará el índice correspondiente a diciembre de 2020.

Por último, quienes impulsan la iniciativa piden aclarar la situación en torno al cobro de TGI. “Vamos a plantear que los primeros seis meses lo pague el propietarios hasta que el municipio resuelva cómo considera este impuesto”, explicó el referente de Concejalía Popular.

El acuerdo se presentará este viernes ante el municipio y aseguran que cuentan con el respaldo oficial para prestar un servicio similar al del Consejo Económico y Social.