Las usurpaciones ilegales en la ciudad, así como en muchos lugares de la provincia, no son una novedad. Pero lo cierto es que en los últimos meses estos asentamientos han sido recurrentes. Muchos de ellos, generando problemas con los vecinos de toda la vida de un barrio o zona determinada.

Ante este avance, el gobierno de la provincia convocó a diferentes actores sociales para conformaron una mesa de trabajo. El objetivo es construir herramientas para regular el uso y ocupación del suelo vacante fiscal de acuerdo una planificación urbana.

En la actualidad, la saturación habitacional, en el contexto de la informalidad, produce el derrame poblacional hacia áreas vacantes independientemente del dominio (fiscal o privado), en condiciones habitacionales deficientes y a menudo hacia zonas que suponen un riesgo para sus habitantes.

Abordar el acceso a la vivienda y al suelo urbanizado en condiciones de integración, es una deuda social que, desde los diferentes niveles, el Estado debe trabajar para la toma correcta de decisiones con el objetivo de formular e implementar políticas públicas, en materia de hábitat, que traten estas problemáticas en toda su complejidad. En virtud de esta realidad, diferentes actores, poderes y jurisdicciones del Estado municipal, provincial y nacional, conformaron una mesa de trabajo a los fines de construir herramientas ajustadas, en términos de estrategia y acorde a derecho, para regular el uso y ocupación del suelo vacante fiscal de acuerdo al reordenamiento territorial y a la planificación urbana.

INTEGRANTES

Conforman esta Mesa de Trabajo: el Ministerio Público de la Acusación; el Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat; el Ministerio de Seguridad; el Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad; el Ministerio de Desarrollo Social; la Municipalidad de Santa Fe, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y Trenes Argentinos Cargas (TAC).

Es parte fundamental de las intervenciones, indagar en las reales motivaciones de quienes realizan estas prácticas, con el convencimiento de que el acceso a la vivienda es un derecho humano innegociable. Por otra parte, se trabajará intentando dar un sentido a la utilización del suelo que se recupere, para destinarlo a los fines proyectados, apostando a construcciones colectivas.

El protocolo resultante pretende definir los modos de actuación en las diferentes instancias en las que las ocupaciones suceden, teniendo como eje de acción el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. La primera actuación es municipal y posteriormente se suman instancias donde se inician otros procesos en los cuales van interviniendo diferentes organismos de acuerdo a la complejidad de las situaciones y articulándose con otros protocolos ya existentes, incluyendo un abordaje multiagencial de las diferentes áreas del gobierno municipal, provincial y nacional.