Según los autores del proyecto, la lucha contra la corrupción es hoy tema de todas las agendas políticas de gobierno ya que se trata de un fenómeno que ha avanzado, y se enquistó en la institucionalidad democrática de nuestro tiempo. “A partir de este hecho –sostienen–, surge la imperiosa necesidad de compromiso en todos los niveles de la administración pública y la participación del ciudadano en la campaña efectiva contra este flagelo que impide el desarrollo económico y social de nuestras sociedades”.

Los concejales radicales advierten que “resulta insuficiente la formalidad de confeccionar sólo formularios de declaraciones patrimoniales y desde el ámbito municipal se debe asegurar la creación de mecanismos de gestión y de control donde se garantice la intervención de organismos intermedios y vecinos para que nuestros funcionarios públicos tengan como norte su disposición de servicio a los intereses de la colectividad”.

Este proyecto tiene como objetivo lograr una mayor transparencia en el desempeño de las funciones “especialmente de quienes tienen a su cargo la administración de fondos”, impedir las incompatibilidades de funcionarios a cargo de instituciones del ámbito municipal, estimular y alentar el impulso de proyectos de reactivación económica para la ciudad “transparentes y abiertos, que eliminen todo posible beneficio para los funcionarios intervinientes que tuvieren a su cargo la pertinente gestión y de quienes participen en la concesión de servicios y en la contratación de obras realizadas con motivo de la función pública, quedando inhabilitados para desempeñar cargos en las empresas vinculadas al municipio, como realizar actividades lucrativas sobre espacios concesionados para tales fines”.

En síntesis, el proyecto prevé, entre otros aspectos, los siguientes:

-Deberes y pautas de comportamiento ético.

-Incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses.

-Régimen de obsequios a funcionarios públicos.

-La realización de una prevención sumario a los fines de la investigación.

-La creación de una Comisión Municipal de Ética Pública que funcionará como órgano independiente, la cual deberá estar integrada por cinco ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público.