En Sesión Especial Conjunta y con la mayoría de los legisladores en sistema de videoconferencia, los diputados y los senadores le inician un proceso de acusación para quitarle el cargo, mientras sigue en prisión domiciliaria.

Desde las 14 horas del viernes 7 de agosto, ha quedado suspendido por tres meses el fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrar coimas a empresarios del juego y colaborar con integrantes de la banda narcocriminal “Los Monos”.

La suspensión es “preventiva” y “temporal”. Se extiende por 180 días y conlleva según lo que les permite la ley una reducción en su salario del 50% en el ejercicio de su funciones de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación con sede en Rosario.

La Asamblea no tuvo debate y la vicegobernadora Alejandra Rodenas contó 15 votos afirmativos de la Cámara de Senadores (que tiene 19 miembros) y 48 del mismo tenor de Diputados (de las 50 bancas), sin abstenciones, ni expresiones por la negativa.

Lo más importante, es que con el acto cumplido a una semana de que estallar el caso de Ponce Asahad, se inicia el proceso de remoción “del encausado”, según el término que usó el presidente de la Comisión de Acuerdos, Josaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) que además de presentar el dictamen que firmaron todos los integrantes, fundamentó a favor de la potestad constitucional de la Legislatura santafesina de ejercer un control directo sobre fiscales y defensores, a partir de la reforma sobre las leyes que rigen los órganos de la Acusación y la Defensa en el fuero penal de la Justicia de Santa Fe.

Ponce Asahad será acusado bajo las figuras de “mal desempeño y comisión de delito” por las que enfrenta graves cargos en tribunales y está detenido con prisión preventiva por 90 días.

En la Legislatura será el diputado radical Fabián Bastía (UCR) quien lleve adelante la acusación.

Durante el lapso de 180 días, el fiscal suspendido tiene prohibido ingresar al ámbito físico del MPA, un detalle relevante, porque sus oficinas –en el marco de la causa judicial en su contra- fueron allanadas.

Gramajo fue el único orador de la sesión conjunta. Destacó la labor de la comisión que preside, de sus empleados y de la auditora del MPA María Cecilia Vranicich.

Subrayó que el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, expuso el caso el martes 4 de agosto y “fue contundente” respecto de los elementos en contra de su subordinado.

El proceso que le sigue la legislatura se sustanciará en la Comisión de Acuerdos y allí Ponce Asahad podrá ejercer su derecho a la defensa.