El proyecto fue presentado meses atrás por el diputado Oscar Martínez del Frente Renovador-PJ en consonancia con la Resolución que habilitó su creación, firmada en marzo pasado por Sergio Massa en el ámbito del Congreso Nacional.


Este jueves, la Cámara Baja santafesina aprobó la Creación del Observatorio de Víctimas de Delitos que funcionará en el ámbito de la Legislatura y actuará en conjunto con las comisiones internas de la misma. Según el texto aprobado, este Observatorio tendrá por objeto velar por el efectivo cumplimiento de la Ley N° 27372, cooperando activamente en lo concerniente a la investigación, monitoreo y seguimiento de asuntos relacionadas con las víctimas delos delitos y con la finalidad de arribar a diagnósticos eficaces que permitan el diseño de políticas públicas preventivas.

En el recinto, Oscar Martínez -autor del proyecto- expresó su satisfacción por la aprobación del mismo. “El paso que estamos dando hoy con la aprobación de la creación del Observatorio es realmente trascendente. Las víctimas de delitos a partir de ahora estarán más protegidas, más tuteladas, más consideradas, en cuanto al reconocimiento de sus derechos humanos en el ámbito de esta provincia de Santa Fe y en especial en el ámbito de esta Cámara”.

Respecto de la finalidad del Observatorio, el legislador explicó que “ el objetivo primario de este Observatorio es el de velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de asistencia de víctimas de delito. Es decir será un órgano de investigación, monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones relacionadas con las víctimas de delitos, sus familias y entornos. Este Observatorio tendrá como principales funciones participar, por ejemplo, en la elaboración de proyectos de ley que involucren los derechos de las víctimas de delitos. Además articulará acciones relacionadas con la difusión, promoción y protección de los derechos de las víctimas con las organizaciones de la sociedad civil y la totalidad de los poderes del Estado para hacer efectivo el reconocimiento de sus derechos. También será su función promover los protocolos de trabajo y manuales de procedimiento o de buenas prácticas que contribuyan a la mejor articulación de las áreas y dispositivos destinados a la prevención, la asistencia y la reparación jurídica, anímica y social de las víctimas”.

Y agregó que “ la idea es celebrar prontamente convenios con otras legislaturas provinciales como así también con el Congreso de la Nación, más específicamente con la Cámara de Diputados en función de la Resolución 432/2020 que dictó Sergio Massa como presidente, a los efectos de poder intercambiar de manera federal experiencias con el ámbito nacional y con las demás jurisdicciones provinciales, así como también participar en eventos y actividades vinculadas a los derechos de las víctimas de delitos”.

Martínez recordó además que “en febrero pasado he planteado una serie de iniciativas en este mismo sentido como son la reforma del Código Procesal Penal, la Reforma del Código Procesal Penal Juvenil y una proyecto de Ley provincial de Derechos de Víctimas de delitos y sus familiares junto con la Creación de los Defensores de las Víctimas. Qué mejor que el análisis de dichos proyectos sea realizado por un Observatorio de Víctimas de delitos, para poder desmenuzar y analizar los verdaderos contenidos y alcances y las necesidades de estas reformas”.

Para finalizar hizo referencia a hechos concretos que lo animaron a presentar este proyecto y a insistir en su aprobación. “Los lamentables acontecimientos que vivimos en la provincia respecto de la liberación de presos, condenados por delitos graves tales como abusos sexuales, promoción de la prostitución de menores y homicidios doblemente agravados, producidos en la localidad de Vera, utilizando como excusa el la pandemia del Covid -19 , motivaron que presentara pedidos de informes aprobados por unanimidad de todos los bloques, sobre esta situación y eventualmente sobre situaciones similares. Pedidos de informes que fueron remitidos al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Acusación y al Poder Ejecutivo, respecto del cumplimiento de la Ley Nacional Nº 27.372 de Defensa de los Derechos y Garantías de las Víctimas de delitos, pedidos de los que aún no hemos recibido ningún tipo de respuesta.

Quedó absolutamente demostrado por aquellas circunstancias de liberación de presos sin que se diera participación a las víctimas o sus representantes, o que ellos no defendieran cabalmente sus intereses, que era necesario fortalecer las instituciones a la hora de reconocer los derechos humanos de este actor olvidado del proceso. Actor que se encuentra atravesado por el delito por la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad, por no poder lograr resultados que eviten la impunidad y por ser ineficaces a la hora de garantizar que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva, al menos en el ámbito de esta provincia, que sigue siendo la provincia más insegura del país. Por eso es primordial la aprobación del Observatorio que hoy llevamos a cabo.”