La Federación de Sindicatos Municipales expresa su repudio a la acción desmedida en el uso de la fuerza por parte de efectivos policiales en el Sindicato de Municipales de Rosario, por una causa judicial de larga data que no ameritaba de manera alguna el despliegue realizado.

Por otro lado siguen sin esclarecerse los atentados a balazos contra el Secretario General y el Secretario de Hacienda del Sindicato Municipal de Villa Gobernador Gálvez y también resulta absolutamente reprochable la actitud de la policía y una fiscal de la ciudad de Las Rosas intimidando e intimando a trabajadores municipales a desobedecer el derecho a huelga que les asiste constitucionalmente, todo esto en el marco de las negociaciones paritarias.

FESTRAM entiende, además, que hay un sinnúmero de situaciones en donde las distintas dependencias provinciales encargadas de actuar y hacer el seguimiento a este tipo de hechos omiten y pretenden desconocer lo que está sucediendo con los empleados precarizados en numerosas localidades del territorio provincial, usándolos en la primera línea de trabajo contra la pandemia absolutamente desprotegidos.

Las acciones de los Intendentes de Las Rosas, San Carlos Centro y Avellaneda – Javier Meyer, Juan José Placenzotti y Dionisio Scarpin respectivamente- para con los trabajadores de esos municipios, violentando todas las disposiciones en vigencia en el escenario del Covid-19 y aún antes, van también en la misma dirección señalada; siendo aún más grave en el caso de la Municipalidad de Avellaneda, por el rol en el esquema de salud que su titular tiene, incumpliendo los deberes de funcionario público.

En una señalización de comportamientos que llaman la atención merece recordarse, a su vez, la resolución -cuya velocidad no debe tener precedente alguno en el sistema judicial argentino-, de la titular del Juzgado de 1ra instancia en lo Laboral, Primera Nominación de la ciudad de Santa Fe, rechazando in limine el pedido de un Amparo, tendiente a hacer efectivo el derecho de percibir Asignaciones Familiares cuyos montos deben responder a los objetivos de los mandatos constitucionales.

Claudio Leoni, titular de FESTRAM señaló al respecto: “… en nuestra vida cotidiana muchas veces hablamos de casualidades o causalidades. Todos estas situaciones de vulneración de derechos y de abusos manifiestos de todos los poderes del Estado provincial que en muchos casos no actúa o mira para otro lado, no son fortuitos, tienen una lógica, implican una determinada manera de entender la relación laboral…” Y agregó: “… Si el objetivo final es disciplinar al movimiento obrero se equivocan, pero la sumatoria de acontecimientos que se vienen sucediendo no nos permite suponer otra cosa…”.