Los senadores del oficialismo y la oposición se ocuparon de darle más precisiones a un Observatorio Parlamentario que ya existe en la ley (pero no en la práctica) sobre el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, del que el ministro Marcelo Sain es director, en uso de licencia y sin goce de sueldo. De prosperar en Diputados, estará compuesto por tres integrantes de cada Cámara. 

Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) presentó hace más de cuatro meses el proyecto de reforma. Logró el apoyo de todos sus pares, en un momento especial. Crédito: Archivo El Litoral

La Cámara de Senadores aprobó, sin disidencias, ni debates, la forma como la Legislatura podrá integrar un Observatorio Parlamentario sobre el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La media sanción -que pasó a Diputados- tuvo lugar a una semana de que la Cámara alta aprobara, por unanimidad, sobre tablas y con un fuerte mensaje a la Casa Gris, una manifestación de “enérgico rechazo” a las declaraciones del ministro Marcelo Sain, titular de la cartera de Seguridad, quien vinculó al Senado con un intento de rebelión policial.

El funcionario mencionado, además de integrar el gabinete del gobernador Omar Perotti, es el director del Organismo de Investigaciones, ya que cuando asumió como ministro decidió mantener ese cargo (ganado por concurso), bajo la figura de una licencia, sin goce de sueldo, y con el visto bueno del fiscal general Jorge Baclini.

Ahora son mayores las chances para que -si alguna vez Sain vuelve al MPA- además del jefe de los fiscales, sobre su cargo esté en funcionamiento el citado Observatorio. La ley aprobada en diciembre de 2014 lo había previsto pero, seguramente por una redacción imprecisa -u otras razones-, aún no se ha constituido.

El texto aprobado dice que el Observatorio estará compuesto por tres senadores y tres diputados. La Cámara baja, que tiene mayoría de la oposición, tendrá la última palabra. La ley vigente simplemente habla de constituirlo “con legisladores”. La diferencia es que cada Cámara sabe cómo avanzar.

La integración del Observatorio con seis miembros de la Legislatura, que designará cada Cámara en partes iguales, se aprobó por unanimidad, en la telesesión de este jueves 17 de septiembre, luego de su paso por la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a donde había llegado hace bastante tiempo, en mayo pasado.

El control u observación de las Cámaras sobre el Organismo de Investigaciones deberá respetar en su integración “la representación equitativa de mayorías y minorías parlamentarias y contemplar la posibilidad de invitar a referentes académicos, representantes de organizaciones sociales, representantes del gremio judicial y organismos públicos interesados en el seguimiento del desempeño del Organismo de Investigaciones, a los efectos de promover la interdisciplinariedad y la participación social”.

“Seguimiento y fiscalización”

El texto del senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) propuso la modificación al artículo 23 de la Ley Nº 13.459, que creó el Organismo de Investigaciones.

La misión del Observatorio está descripta en el artículo 22 de la ley vigente. Su objetivo es “realizar un seguimiento y fiscalización del desempeño del Organismo de Investigaciones”, así como “producir reportes institucionales y formular recomendaciones” que contribuyan con su desarrollo. Y un detalle más: “para el cumplimiento de estos objetivos, el Observatorio Parlamentario deberá tener acceso a toda información relacionada con el funcionamiento del Organismo de Investigaciones, siempre que no se trate de datos o información referidas a las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Acusación o que pudieran comprometer el derecho a la intimidad, dignidad y seguridad de las personas o la estrategia de investigación y acusación del Ministerio Público de la Acusación”.

Otro artículo, el N°24 agrega: “Publicidad: Con el fin de garantizar la publicidad de los informes elaborados, el Observatorio Parlamentario dispondrá de un sitio Web u otro medio tecnológico similar”.

Prórroga de la emergencia hídrica en General López

La Legislatura completó la sanción de una ley, este jueves 17 de septiembre, que prorroga por un año la declaración de la “Emergencia hídrica y zona de desastre” en las cuencas hidrográficas del departamento General López.

Se trata de una extensión de la Ley 13.680 actualizada por la ley 13.778, que tuvieron idéntico fin.

El Senado aprobó un proyecto impulsado por el senador radical de ese departamento, Lisandro Enrico, quien pidió a sus pares aceptar las modificaciones que había hecho Diputados a su texto. Al pedido de tratamiento sobre tablas lo hizo el jefe del interbloque del radicalismo, Felipe Michlig (San Cristóbal) y la totalidad de los representantes departamentales respaldaron la norma que ahora deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo.

Escuelas para Castellanos

Obtuvieron media sanción tres proyectos que presentó el senador Alcides Calvo (PJ-Castellanos) que disponen la creación y el traslado de establecimientos educativos en distintas localidades del departamento.

Uno de los proyectos dispone la creación de la Escuela de Educación Secundaria Orientada en la localidad de San Antonio. Otro proyecto establece el traslado definitivo de la Escuela 429 al actual edificio anexo de la mismo situado en calle España 460 en la ciudad de Rafaela. El proyecto restante dispone la materialización de un establecimiento educativo de tipo multinivel en el sector suroeste de la ciudad de Rafaela.

Trabajadores de Expreso Júpiter

El Senado santafesino pidió adoptar al Poder Ejecutivo Provincial “medidas para responder a la preocupante situación que atraviesan los trabajadores de la empresa Expreso Júpiter, ante la decisión judicial que programa su liquidación”.

La Cámara alta prestó su aval a un proyecto de comunicación presentado por el senador justicialista de Rosario Marcelo Lewandowski, que pide atención sobre los 65 trabajadores con que cuenta la firma transportista, que está bajo administración judicial desde hace 10 años en la ciudad de Rosario.

Pese a que ya tienen la matrícula para funcionar como una cooperativa, quedarán en la calle si no intervienen las autoridades.

Como el juez no dictó la quiebra sino la liquidación de bienes, el sector laboral quedará excluido de su uso a los fines de conformar una cooperativa de trabajo. El personal planteó su intención de recuperar la empresa pero, según los trabajadores, la justicia decidió ir por otro camino: permitir incumplimientos tributarios y de derechos laborales