Hoy, el municipio debe llamar a licitación pública -para obra pública, por ejemplo- desde un monto que supere los $ 950 mil, y pide autorización para elevar ese número a $ 1.300.000. Para contrataciones directas, el tope actual es de $ 450 mil, y solicita llevarlo a $ 612 mil. Es por “la situación económica imperante”.

En el último informe del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) dado a conocer el 19 de octubre, la inflación de agosto en la provincia fue del 2,7% y, en lo que va del año, se acumula poco más de un 22%. Así como ese número golpea en los bolsillos ya flacos de una familia tipo -con el agravante de la pandemia- afecta también al Estado local al momento de llamar a licitaciones públicas y de apelar a la vía de contrataciones directas (locaciones a terceros).

En la actualidad, todo lo relacionado con obras municipales -más enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones-, que importen un desembolso para la Municipalidad, el Ejecutivo debe proceder a llamar a licitación pública cuando el monto de las erogaciones supere siempre la suma de $ 950 mil. Ese monto de base es lo que establece el artículo 1 de la Ordenanza 12.284, hoy vigente.

Ese valor quedó desfasado porque -a la par de la inflación-, también el costo de la construcción informado por el Ipec este mes aumentó un 3,52% respecto de septiembre, y el acumulado anual es de un 21,3%. Y si el municipio llama a licitación pública para una obra pública grande -por ejemplo-, requiere un número de referencia mayor. Entonces, le pide al Concejo actualizarlo a una cifra que supere el $ 1.300.000: un 36,84% más.

En el mensaje se argumenta que el pedido de autorización de los incrementos de montos solicitados “encuentra sustento en la necesidad de actualizar los importes a la realidad económica imperante, a fin de dotar a la administración de mayor capacidad operativa”.

“La actualización es por el impacto inflacionario; porque de lo contrario, el municipio debiera llamar a licitación por montos que son bajos. Con ello se generaría un nivel de burocracia muy alto (en los armados de pliegos de bases y condiciones, en la elaboración de proyectos de ejecución, etcétera)”, indicó una alta fuente legislativa consultada por este diario.

Y con respecto a la celebración de contratos de servicios por la vía de contrataciones directas, la Ordenanza Nº 12.653 autoriza al Ejecutivo, al Concejo y demás organismos municipales a la celebración de estos contratos directos por hasta $ 450.000 anuales por cada una de las contrataciones y tareas materiales (artículo 1).

En el mensaje Nº 15 en cuestión, el intendente Emilio Jatón le solicita al Legislativo “estirar” ese monto por hasta $ 612.000 anuales. Y, “cuando el contrato se vincule con la modernización y reforma de la administración municipal (…), dicho monto se podrá ampliar hasta $ 680.000 anuales por cada contrato”. En ambos casos, la suba también es del 36%.

En el mensaje (que lleva la firma del intendente Emilio Jatón y del secretario de Gobierno, Nicolás Aimar), se argumenta que el pedido de autorización de los incrementos de montos solicitados “encuentra sustento en la necesidad de actualizar los importes a la realidad económica imperante, a fin de dotar a la administración de mayor capacidad operativa y, con ella, garantizar una mayor eficacia y eficiencia de los actuales mecanismos previstos en el régimen de contrataciones”.

Desfasaje

“Los montos de licitaciones no se modifican desde 2016 y, con el nivel inflacionario del país, quedaron muy desfasados. De hecho, desde ese momento hasta hoy tenemos más del 150% de inflación, y el monto a actualizar representa sólo un 36% de aumento. Estas modificaciones son para el Ejecutivo, El Concejo y el Tribunal de Cuentas Municipal (TCM)”, le dijo a El Litoral la concejala oficialista Laura Mondino (FPCyS).

Y con respecto a los montos de servicios de terceros (contrataciones directas), “éstos se actualizan periódicamente. La última actualización fue hace más de un año (agosto de 2019). En este período hubo una inflación interanual del 36% aproximadamente, y lo que pretende el Ejecutivo es actualizarlo en línea con la inflación”, estimó la edila.

Respecto de los montos para servicios de contratación, “esto se vota anualizadamente en función, justamente, del impacto de los aumentos de precios. Porque de lo contrario, si no se actualiza en un monto al menos cercano al índice inflacionario, todo queda muy por debajo. Esto es algo que se empezó hace unos años: un mecanismo para anualizar la actualización de modo que más o menos se ’emparde’ con el ritmo de la inflación”, consideró Carlos Suárez (UCR-Juntos Por el Cambio).

El mensaje está en la comisión de Hacienda, y allí será tratado este viernes. En principio, referentes de otros bloques políticos del Legislativo local indicaron a este medio que la autorización para la esta actualización de estos montos “es algo normal, y se hace en forma anual”, con lo cual no habría polémica en el recinto.