El concejal Eduardo Toniolli afirmó que existen 200 mil inquilinos y 80 mil casas vacías en Rosario. Impulsa cobrar un plus a inmuebles que estén al menos seis meses desocupados. Su par Agapito Blanco se opuso por “impracticable y anticonstitucional”

El proyecto para cobrar una sobretasa a las viviendas ociosas avanza en el Concejo de Rosario y divide aguas en torno a la posibilidad de aplicarlo y sus consecuencias.

El concejal Eduardo Toniolli afirmó en La primera de la tarde (Radio 2) que “el diagnóstico es simple: hay más casas sin gente que gente sin casa”. En Rosario, dijo, existen “200 mil inquilinos y 80 mil viviendas vacías producto de la inversión en construcción, muchas veces con fines especulativos”.

“La vivienda pasó de ser un bien social a una mercancía y esto repercute al alza en el precio de los alquileres, un fenómenos que vemos de forma cotidiana”, añadió.

El edil peronista aseguró que existen antecedentes de este tipo en Francia e Inglaterra e incluso de diversos sectores políticos, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impulsada por el oficialismo de Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio)

Según definió Toniolli, “una vivienda ociosa es la no está ocupada durante seis meses consecutivos”. ¿Cómo determinarlo? Si no hay ocupación real u contrato de alquiler, el proyecto presentado propone cruzar información con la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Si no tiene servicio o el consumo es menor al promedio de una heladera (46,5 kilowats) se lo considera sin uso.

Además de crear un registro de viviendas ociosas, que es el primer paso, la iniciativa fija: “Las o los propietarios y/o responsables de una vivienda catalogada como ‘ociosa’, y por lo tanto incorporada al Registro Municipal de Viviendas Ociosas, estarán obligados a abonar el adicional del 50% a la contribución de la Tasa General de Inmuebles (TGI)”.

El objetivo es sumar casas y departamentos disponibles para los inquilinos y lograr un descenso de los alquileres (salvo que el inmueble esté a la venta y queda excluido). Mientras tanto, la recaudación de esa tasa extra se destinará a los créditos que ofrece el Banco Municipal para acceder a un alquiler (el Centro de Asesoramiento Social en Alquileres).

El concejal Agapito Blanco se opuso al proyecto y lo calificó de “impracticable y anticonstitucional”. “No respeta la propiedad privada. Hace mucho daño, genera falsas expectativas y no resuelve el problema de fondo. Desalienta la inversión inmobiliaria que genera miles de puestos de trabajo”, dijo en La primera de la tarde.

“Es una pésima iniciativa para quienes podrían estar evaluado invertir en bienes inmuebles, en donde el 50% ya son impuestos”, dijo y también criticó “poner la responsabilidad (de la falta de viviendas) en aquel que con su esfuerzo pudo comprar más de un inmueble”.

Según el ejemplo que dio el edil de Cambiemos, la inversión en construcción es “virtuosa” y no especulativa. Dijo que un departamento de un dormitorio en el centro cuesta seis millones de pesos y el alquiler es de 14.000 pesos mensuales, es decir una rentabilidad de 3% anual. Mientras que un plazo fijo a 30 días, por ese monto, otorga 160 mil pesos.