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martes 5 de julio de 2022

Estaba con domiciliaria y organizaba aprietes a sus cómplices detenidos

Foto: Archivo

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“Tengo un cachorrito condenado por homicidio al que ya le di el nombre para que los agarre”, le aseguró a su jefe desde su casa. La joven es miembro de una banda que organizaba robos a mano armada y que tiene 10 civiles detenidos y dos policías “dateros” investigados.

Le dieron la domiciliaria para que cuide a sus hijos y durante dos meses entorpeció la investigación y amedrentó a los miembros de la banda criminal de la que forma parte. Este lunes el juez José Luis García Troiano ordenó la prisión preventiva para Ivana Maribel Gutiérrez (21), hija de uno de los organizadores de la asociación ilícita que perpetraba robos a mano armada.

La investigación que dirigen las fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos, Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, tiene a 10 personas en prisión preventiva y a tres colaboradores en tratativas de juicios abreviados. Además, hay dos policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que se desempeñaban en las tareas de campo imputados por ser “dateros” de uno de los jefes de la banda a la que intentaban desmantelar.

A Gutiérrez se le atribuyó, el 18 de septiembre, formar parte de una asociación ilícita en carácter de “miembro”, además de dos “robos calificados”. El juez Nicolás Falkenberg ordenó que continuara el proceso en prisión domiciliaria, atendiendo al interés superior del niño, ya que la imputada es madre de dos niños menores de 5 años.

La investigación avanzó, y escuchas telefónicas mediante, la fiscalía no sólo imputó dos hechos de “encubrimiento” a la joven, sino que también solicitó que se le revoque el beneficio y se dé intervención a la Secretaría de la Niñez, ante la sospecha de maltrato.

Entorpecimiento

La investigación siguió su curso, se intervinieron líneas telefónicas y se advirtió que la imputada “continuaba con la ejecución de ilícitos mientras estaba con domiciliaria”. Se registraron conversaciones largas y diarias con distintos integrantes de la banda, que se encontraban detenidos en Las Flores, Rafaela y Casilda. Había una “relación y vinculación constante entre todos”.

El 29 de octubre, Ivana Gutiérrez habló con un interno de la Unidad Penal 2 sobre un celular que estaba oculto en el domicilio de ella, y cuya información debía ser destruida. El hombre le mencionó que los primeros días de noviembre saldría y recogería el aparato, para llevarlo a un “hacker de confianza” que eliminaría la información.

Cuando se allanó el lugar, el Samsung J7 ya no estaba allí. Este hecho, que constituye un entorpecimiento a la investigación, fue uno de los argumentos de la fiscalía para solicitar la cautelar de máxima. También, señalaron que Gutiérrez “ha amedrentado” a los miembros de la banda detenidos y a sus familiares “con el fin de que no presten colaboración”.

Contra sus cómplices

Las fiscales también mencionaron la existencia de conversaciones puntuales con internos de los penales de Coronda y Las Flores, a quienes la joven les proporcionó “los nombres y apellidos de las personas a las que tenían que agredir físicamente”.

El nivel de violencia “ha llegado a tal punto que el sábado pasado la fiscalía presentó un pedido de hábeas corpus para el traslado de dos detenidos”, luego de que en conversación con uno de los jefes de la banda Gutiérrez manifestara que una vez que los pasaran al pabellón, “tengo un cachorrito condenado por homicidio al que ya le di el nombre para que los agarre”. Previamente, la mujer había hablado con Miguel Ángel “Pacotillo” Fernández -condenado por el crimen de la circunvalación-, “a quien le pasa esta información y se lo pide”.

El defensor particular Pedro Busico señaló que los nuevos hechos atribuidos a su clienta “no superan la etapa de la tipicidad, no son delitos”. Sin embargo, el juez José Luis García Troiano coincidió con lo planteado por la acusación y resolvió hacer lugar a su pedido, transformado la domiciliaria de Gutiérrez en prisión preventiva.

Requisas

Las fiscales comunicaron que se realizaron requisas para secuestrar los teléfonos celulares que los miembros de la banda utilizaban para comunicarse a pesar de estar en prisión preventiva.

La pata policial

Si bien la asociación ilícita fue desbaratada, “la fiscalía continúa investigando el actuar de la banda, se sigue tomando conocimiento de hechos anteriores a raíz de la información que va surgiendo y de la pericia de los celulares secuestrados”. Así lo manifestó la Dra. María Laura Urquiza durante la audiencia.

También se refirió a que “se pudo dilucidar que los allanamientos que se habían realizado en búsqueda de (Ivana) Gutiérrez, en su momento, como de otras personas de la banda se habían visto frustrados” y que ello “no fue casual, sino que habían sido alertados por personal policial que se encontraba llevando a cabo la investigación”.

De hecho, señaló que fue tan concreta la información que pasaron que hasta en una de las escuchas Julio César Gutiérrez -organizador de la banda y padre de la imputada- se refiere a procedimientos que se realizarían 48 horas después. “Antes incluso de que la fiscalía envíe los pedidos a la Oficina de Gestión Judicial, Gutiérrez recibe la información tan de primera mano que dice que escuchó los audios de la fiscal, que explicaban el motivo y la forma en que se haría el allanamiento”.

El subinspector Pablo Daniel Godoy (42) y el oficial Carlos Darío Santiago Romero (42) de la Agencia de Investigación Criminal, fueron imputados por el fiscal Exequiel Hernández. Este miércoles 11 se realizará la audiencia de medidas cautelares en la que se solicitará que permanezcan en prisión preventiva.

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