El establecimiento en el que Francisco L. recibe tratamiento por su psicosis indicó que podría recibir el alta. Las partes coincidieron en que el informe no cumple con los requerimientos de la Ley de Salud Mental y solicitaron a la Justicia que el kinesiólogo sea evaluado por peritos.

 

El juez Jorge Patrizi ordenó que se realicen nuevas pericias psiquiátricas a Francisco L., el conductor que protagonizó un trágico accidente el 13 de mayo de 2019 en el barrio María Selva, en el que perdió la vida un niño de 10 años. La clínica donde se encuentra internado como parte de la “medida de seguridad” dictada en el marco de la causa, remitió un informe que dice que Francisco L. se encuentra en condiciones de ser externado.

Por este motivo se realizó una audiencia multipropósito, a la que asistieron el fiscal de la causa, Marcelo Fontana, el defensor Sebastián Oroño y el abogado querellante Leandro Corti. También estuvieron en la sala Gisela y Walter Sueldo, papás del pequeño Fran, víctima fatal del siniestro.

La parte acusadora recordó que se requiere el dictamen de por lo menos dos peritos para tratar la modificación de la medida de seguridad. Francisco L. padece de una “psicosis con delirios místicos y alucinaciones”, razón por la cual las partes convinieron que el kinesiólogo de 39 años debía ser tratado.

En abril, la jueza Sandra Valenti resolvió que fuera internado en una clínica privada de La Gallareta para que recibiera el tratamiento adecuado. Pero el 30 de octubre el establecimiento emitió un informe a la Oficina de Gestión Judicial de Santa Fe, indicando que Francisco L. estaría en condiciones de recibir el “alta médica”.

Determinar la peligrosidad

El querellante Corti señaló que el escrito “ha concluido de manera desmotivada e infundada que el paciente no representa un peligro para sí mismo ni para terceros”. Además, “ni siquiera reúne los requisitos mínimos de un informe técnico”.

En esa línea, el fiscal aseguró que “se hace referencia a un informe interdisciplinario, pero no se especifica a qué disciplinas refiere, ni consigna las personas responsables que lo habrían confeccionado”. Tampoco acompaña la historia clínica, entre otras irregularidades, por lo que no cumple con las exigencias de la Ley de Salud Mental.

Fontana realizó hincapié en la necesidad de contar con determinada información antes de discutir posibles cambios en la medida de seguridad impuesta a Francisco L., como: la facultad para administrar y dirigir sus actos, el diagnóstico médico al día de la fecha y el pronóstico, el peligro que representa y los argumentos con relación a su recuperación. Asimismo, solicitó que el kinesiólogo permanezca “en un establecimiento adecuado” para su patología.

Una cuestión económica

A su turno el defensor planteó que no tenía intención de solicitar un cambio en la modalidad de la medida de seguridad, ya que coincide con la parte acusadora en cuanto a que el informe no cumple con los requisitos para ser considerado prueba en la causa.

“La madre tuvo que pagar la clínica durante los primeros meses porque la provincia no se hacía cargo”, e inició un expediente para obtener la declaración de discapacidad, tras lo cual el Estado debería hacerse cargo. “Al ser comunicada esta situación por parte de la familia de Francisco L. -a la institución- en el mes de noviembre, repentinamente remitieron un informe diciendo que el paciente ya está apto para salir y debería irse”.

Tampoco cuestionó la falta de seriedad del informe, porque para Oroño “acá la realidad es que a Francisco L. se lo quieren sacar de encima, porque la Provincia no se ha hecho cargo”. Además, solicitó que se intime al Poder Ejecutivo para que cumpla con su deber de brindar alojamiento y se haga cargo de los gastos.

El juez Jorge Patrizi resolvió “disponer la realización de una pericia psiquiátrica” a Francisco L. y, en línea con el pedido de la defensa, oficiar al Estado Provincial a los fines de que el kinesiólogo continúe internado.